El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 26 de junio que impondrá de inmediato un arancel del 100 % sobre todas las importaciones provenientes de cualquier país que establezca un impuesto a los servicios digitales de empresas norteamericanas. La declaración, difundida en su red Truth Social, especifica que la medida anulará cualquier acuerdo comercial vigente, firmado o en negociación con la nación afectada. El mensaje se publicó apenas veinticuatro horas después de que el Consejo de la Unión Europea diera luz verde definitiva al entendimiento tarifario negociado con Washington, que fija un gravamen máximo del 15 % para la mayoría de las exportaciones del bloque.

El mecanismo de presión diseñado por la Casa Blanca se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la misma herramienta jurídica utilizada en anteriores investigaciones sobre tasas digitales. Desde la óptica de Washington, estos tributos —aplicados o en estudio en Francia, el Reino Unido, Austria y otras capitales europeas— discriminan a gigantes tecnológicos como Alphabet, Meta, Amazon y Apple, y trasladan injustamente los costes de innovación a los consumidores estadounidenses. La administración Trump sostiene que las empresas ya invierten un promedio de 2.700 millones de dólares para llevar un nuevo fármaco al mercado, y que la imposición de gravámenes adicionales en el extranjero encarece los medicamentos en Estados Unidos, aunque el foco inmediato de la amenaza son los servicios digitales.

La reacción desde Bruselas no se hizo esperar. Un portavoz de la Comisión Europea calificó las medidas unilaterales de “injustificadas” y advirtió que la UE responderá “de forma rápida y decidida” para defender su autonomía regulatoria. La institución subrayó que los impuestos digitales no son discriminatorios, pues se aplican a todas las grandes empresas con independencia de su origen, y recordó que los Estados miembros tienen el derecho soberano de regular la actividad económica en su territorio. Analistas en Madrid y Ciudad de México señalan que la disputa trasciende el ámbito transatlántico: varios países latinoamericanos, como Colombia y Chile, han explorado gravámenes similares, y la amenaza de Trump podría enfriar esos debates legislativos. La India, que retiró parcialmente su tasa digital en 2024 y 2025, quedó exenta de la advertencia al negociar su eliminación completa en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos.

El pulso se produce en un contexto de creciente fricción comercial. Francia mantiene desde 2019 un gravamen del 3 % sobre los ingresos por servicios digitales de compañías con una facturación superior a 25 millones de euros en el país y 750 millones a escala global, y el presidente Emmanuel Macron ha reiterado que no lo derogará. El Reino Unido aplica una tasa del 2 % a los motores de búsqueda, redes sociales y mercados en línea, que en el ejercicio 2024-2025 recaudó más de 800 millones de libras. Canadá, en cambio, retiró su proyecto de impuesto digital tras una amenaza similar de Trump a principios de año.

El próximo hito factual será el 4 de julio, fecha límite para que la Unión Europea y Estados Unidos comiencen a implementar el acuerdo tarifario que limita los aranceles al 15 %. Si para entonces algún país europeo ha avanzado en la adopción de una tasa digital, la amenaza de aranceles del 100 % podría materializarse, desencadenando una nueva escalada en las relaciones comerciales transatlánticas.