El Tribunal Superior de Kenia desestimó este miércoles la demanda presentada por la Sociedad Rastafari del país, que buscaba una exención religiosa para cultivar, poseer y consumir cannabis durante el culto privado. El juez Bahati Mwamuye determinó que los demandantes no lograron demostrar que el uso de la sustancia constituya un elemento indispensable de su fe, y sostuvo que la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas es una norma de aplicación general que no vulnera el derecho constitucional a la libertad religiosa. La decisión cierra seis años de litigio, aunque el abogado de la comunidad anunció que apelará el fallo.

Desde la óptica del colectivo Rastafari, el cannabis representa un sacramento central en su doctrina espiritual, y la prohibición penal —que contempla hasta cinco años de prisión por posesión para consumo personal y veinte años por cultivo— constituye una persecución estatal que les impide practicar su fe en privado. La agrupación había aclarado que no buscaba una legalización general, sino un permiso acotado a hogares y lugares de culto designados. El Estado keniano, por su parte, argumentó que conceder una exención religiosa debilitaría la aplicación de las leyes antidrogas y abriría resquicios para el tráfico ilícito, postura que el tribunal consideró razonable al ponderar la protección de la salud pública.

En su sentencia, el juez Mwamuye introdujo un matiz que trasciende el caso concreto: señaló que el uso de cannabis se ha vuelto “ubicuo” en la sociedad keniana y que el statu quo legal “parece insostenible”. Sin pronunciarse a favor de la legalización, instó a mantener “conversaciones francas” a nivel nacional sobre la política de drogas, incluyendo si los escasos recursos policiales y judiciales deberían seguir destinándose a perseguir la posesión de pequeñas cantidades. Observadores jurídicos en África Oriental interpretan estas declaraciones como un reconocimiento judicial de la brecha entre la norma y la realidad social, aunque subrayan que el tribunal se limitó a aplicar la legislación vigente y a señalar que los peticionarios no agotaron los mecanismos de exención previstos en la propia ley.

El fallo se produce siete años después de que otro tribunal keniano reconociera al rastafarismo como religión protegida, al dictaminar que la expulsión de una estudiante por llevar rastas violaba sus derechos constitucionales. Ese precedente, sumado al arraigo histórico de las rastas como símbolo de resistencia anticolonial —usadas por los combatientes Mau Mau en los años cincuenta—, dota al movimiento de una relevancia cultural que excede lo estrictamente religioso. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que la comunidad rastafari crece entre la juventud keniana. La apelación anunciada mantiene abierta la vía judicial, mientras que, desde sectores académicos y de derechos humanos en Nairobi, se anticipa que el debate nacional sugerido por el juez podría trasladarse al parlamento en los próximos meses.