El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter y apenas un minuto de diferencia, ha dejado un saldo provisional de 5.346 víctimas mortales, según el último balance oficial difundido el 21 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de cuerpos entre los escombros, especialmente en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada.

Las autoridades reportan que 190 edificios colapsaron por completo y otros 856 presentan daños estructurales. Más de 23.000 personas permanecen alojadas en campamentos temporales habilitados en estadios, plazas y aceras, muchas sin acceso regular a agua potable o saneamiento. La cifra oficial de personas sin vivienda asciende a 17.907, aunque el gobierno estima que se necesitarán al menos 25.000 soluciones habitacionales para atender a todos los damnificados.

La comunidad internacional ha desplegado una amplia operación de asistencia. Brasil instaló un hospital de campaña de la Marina que atendió a 2.695 personas; México desplegó plantas potabilizadoras que produjeron 26.400 litros de agua segura para 561 familias; Argentina envió brigadistas y 25 toneladas de material de rescate; y empresas como Avianca Cargo y DHL transportaron más de 100 toneladas de suministros desde distintos puntos del continente, en coordinación con organismos humanitarios.

Uno de los aspectos más inciertos es el número de desaparecidos. La ONU estimó en los primeros días que podría alcanzar los 50.000, aunque proyecciones posteriores lo sitúan cerca de 10.000. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses ha convocado a familiares a realizarse pruebas de ADN para facilitar la identificación de los fallecidos, un proceso que se prevé largo y complejo. Hasta el momento se han registrado 1.405 réplicas, lo que ha dificultado las labores de rescate y ha obligado a mantener amplias zonas bajo vigilancia.

En el plano de la reconstrucción, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la entrega de las primeras 200 viviendas a familias damnificadas y se comprometió a completar 4.000 unidades antes de fin de año, con la meta de superar las 10.000 en 2027. El desastre golpea a un país que ya enfrentaba una profunda crisis humanitaria: antes de los sismos, cerca de ocho millones de venezolanos requerían asistencia, según organismos internacionales. La remoción de más de dos millones de toneladas de escombros y la restauración de servicios básicos demandarán un esfuerzo sostenido durante años, en lo que diversas fuentes califican como una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de América Latina.