El régimen talibán ha emitido una orden de gran alcance que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes a todos los empleados públicos, desde altos cargos hasta muyahidines rasos y personal de servicio. La directiva, emanada de los tribunales militares y firmada por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, entró en vigor de inmediato y establece castigos contundentes: el dispositivo será destruido en el acto y el infractor enfrentará sanciones legales y conforme a la sharía. En vídeos difundidos en redes sociales se observa a funcionarios talibanes rompiendo teléfonos mientras uno de ellos lee la propia orden desde la pantalla de un smartphone, una imagen que condensa la contradicción y el alcance simbólico de la medida. Solo un decreto escrito personal de Akhundzada puede conceder exenciones, lo que concentra el control en la cúpula del movimiento.

Según analistas en Kabul y Herat, la prohibición responde a tres motivos entrelazados: frenar las filtraciones de documentos confidenciales, combatir la distracción laboral y silenciar la difusión de protestas ciudadanas. Numerosos funcionarios habían adquirido la costumbre de fotografiar expedientes reservados o grabar reuniones internas, y esas imágenes a menudo circulaban antes de que los decretos fueran oficializados. Al mismo tiempo, el alto mando talibán reprueba que los empleados “pasen el día deslizando el dedo por la pantalla” en lugar de trabajar, lo que ha llevado a confiscaciones masivas en provincias como Herat. La orden ya se ha extendido en algunas regiones a mujeres, civiles, personal médico, docentes y estudiantes, lo que alimenta la sospecha de que se trata de un ensayo para una restricción de alcance nacional.

Observadores en Bruselas e Islamabad interpretan la medida como un paso más en la estrategia de aislamiento informativo del Emirato. En septiembre del año pasado, el Talibán impuso un apagón total de internet durante dos días con el pretexto de combatir contenidos inmorales, una decisión que paralizó el comercio, los vuelos y los servicios de emergencia y que solo se revirtió por la presión del sector privado y de los propios equipos de seguridad. Ahora, la prohibición selectiva de smartphones podría ser un globo sonda para evaluar la reacción interna e internacional antes de imponer un bloqueo comunicacional permanente que deje al país completamente desconectado del exterior.

Expertos en derechos digitales desde América Latina advierten que este tipo de restricciones recuerda a los apagones informativos utilizados por regímenes autoritarios para sofocar la disidencia, y subrayan que el costo humanitario de una desconexión prolongada sería devastador en una sociedad donde la telefonía móvil es a menudo el único canal para acceder a servicios básicos, transferencias de dinero y noticias independientes. Si el Talibán consolida el veto y lo amplía a toda la población, Afganistán corre el riesgo de profundizar su aislamiento justo cuando la comunidad internacional intenta mantener abiertos corredores de asistencia. La paradoja de que la orden se leyera desde un smartphone refleja, en última instancia, la tensión entre un gobierno que desconfía de la tecnología que él mismo utiliza y una ciudadanía que podría quedar privada de su última ventana al mundo.