La jornada de protestas del 30 de junio en las principales ciudades sudafricanas, convocada por grupos que exigían la salida de migrantes indocumentados, se saldó con más de 900 detenidos, según la policía nacional. De las 120 marchas registradas, 108 transcurrieron sin incidentes, pero en 12 se requirió intervención policial por actos de violencia, saqueos y desórdenes públicos. En el municipio de Alexandra, en Johannesburgo, una persona murió por disparos durante el saqueo de comercios regentados por extranjeros, mientras que en el barrio de Hillbrow dos personas resultaron heridas en un tiroteo. En Durban, la policía investiga la muerte de un ciudadano extranjero que se precipitó desde un octavo piso la víspera de las marchas, al creerse objetivo de las protestas.

Desde la óptica del Gobierno sudafricano, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con líderes de las movilizaciones en la víspera para rebajar la tensión y subrayó que solo las instituciones estatales están autorizadas a actuar contra infracciones migratorias. El Ministerio de Policía confirmó el despliegue del Ejército “de forma contingente” en puntos de Johannesburgo y Durban, y el comisionado adjunto Tebello Mosikili detalló que los arrestos obedecen a delitos que van desde violaciones migratorias hasta violencia pública y robo. Por su parte, la portavoz del colectivo March and March, Jacinta Ngobese-Zuma, anunció que las protestas se repetirán cada jueves durante seis meses para forzar al Ejecutivo a “deshacerse” de los migrantes sin papeles, mientras que la agrupación Operation Dudula declaró a medios internacionales su intención de presionar a la policía para que efectúe detenciones.

La reacción de los países emisores de migrantes ha escalado hasta la presión diplomática y las repatriaciones masivas. El asesor presidencial nigeriano para Asuntos Exteriores, Ademola Oshodi, exigió a Sudáfrica investigar cada ataque, proteger a las comunidades nigerianas y activar sin demora el mecanismo de alerta temprana bilateral. Ghana y Nigeria convocaron a los altos comisionados sudafricanos en abril y mayo para expresar su malestar. Según datos oficiales recabados por agencias regionales, más de 15.000 malauíes abandonaron Sudáfrica antes de la fecha límite, junto a miles de ciudadanos de Ghana, Nigeria y Zimbabue. Testimonios de repatriados en Malaui describen escenas de terror, con ataques a viviendas y la pérdida de todas sus pertenencias, mientras que en Zimbabue retornados relatan haber huido por miedo a ser agredidos.

Analistas del África austral sitúan estas movilizaciones en un ciclo de violencia intermitente que en 2008 dejó más de 60 muertos y que, según el observatorio Xenowatch, ya ha causado dos fallecidos en lo que va de año. Las demandas de los manifestantes se sustentan en la percepción de que los extranjeros acaparan empleos y servicios públicos, un discurso que, a juicio de fuentes diplomáticas africanas, pone en entredicho el proyecto de unidad continental. El dossier sigue abierto: las protestas semanales anunciadas mantienen la presión sobre el Ejecutivo de Ramaphosa, mientras Nigeria insiste en la activación de mecanismos de protección y varios gobiernos africanos continúan organizando vuelos de repatriación.