En una entrevista exclusiva difundida el domingo por la televisión india NDTV, la ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina aseguró que regresará a su país durante este año, pese a la sentencia de muerte dictada en su contra en noviembre de 2024 y a la proscripción de su partido, la Liga Awami. Hasina, de 78 años, se encuentra refugiada en India desde agosto de aquel año, cuando una revuelta estudiantil puso fin a sus quince años de gobierno y la forzó a abandonar Dacca en helicóptero militar.

La exmandataria calificó el veredicto de “ilegal, inconstitucional y políticamente motivado” y lo vinculó a un intento de descabezar a la Liga Awami. Según su relato, la formación —que celebró su 77 aniversario la semana pasada pese a la prohibición— sigue siendo una “fuerza política” con arraigo popular y ha resurgido de vetos anteriores. Hasina también denunció un aumento de ataques a minorías religiosas —hindúes, budistas y cristianas— desde su salida y rechazó rumores sobre negociaciones secretas con el actual partido gobernante, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP). Para analistas del sur de Asia, estas declaraciones buscan mantener la cohesión de sus bases en el exilio y proyectar una imagen de resistencia democrática frente a lo que califica como un proceso penal instrumentalizado.

El gobierno de Dacca, encabezado desde febrero por el primer ministro Tarique Rahman tras una amplia victoria electoral del BNP, mantiene la prohibición de la Liga Awami y ha reiterado la demanda de extradición de Hasina, acrecentando las fricciones con Nueva Delhi. La relación bilateral mejoró tras los comicios, pero sigue marcada por la presencia de la ex primera ministra en territorio indio y por lo que sectores gubernamentales bangladesíes perciben como un trato desequilibrado en los medios y la narrativa regional. En paralelo, el anuncio del alto comisionado indio en Dacca de restablecer los visados turísticos —suspendidos desde agosto de 2024— se interpreta como un gesto de apaciguamiento que responde tanto a la presión diplomática de Pekín —Rahman realizaba una visita de Estado a China en ese momento— como al malestar social generado por la limitación de viajes médicos y familiares desde Bangladesh.

Desde la óptica de organismos internacionales de derechos humanos, el caso pone a prueba los mecanismos de justicia transicional en el sur de Asia. Mientras el gobierno bangladesí insiste en que la condena se basa en crímenes contra la humanidad, la exmandataria se ampara en la tradición de asilo político que le ha ofrecido India. Algunos observadores latinoamericanos, familiarizados con procesos de retorno de líderes exiliados y concesiones de asilo, advierten el riesgo de que el diferendo se prolongue sin una solución jurídica multilateral. Hasta el momento, ni la Corte Penal Internacional ni Naciones Unidas se han pronunciado formalmente sobre la sentencia, y la viabilidad del anunciado retorno dependerá tanto de la evolución del clima político interno como de la disposición de India a mediar en la controversia o, eventualmente, a ejecutar un pedido formal de extradición.