El viernes 26 de junio de 2026, representantes de Israel y el Líbano suscribieron en Washington, bajo mediación estadounidense, un acuerdo marco que aspira a poner fin a décadas de estado de guerra. Sin embargo, el primer fin de semana tras la firma ya mostró las profundas fracturas que amenazan su aplicación: mientras las fuerzas israelíes lanzaban nuevos ataques en el sur libanés —según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, con bombardeos cerca de Deir Siryan y Taybeh, y explosiones que incendiaron viviendas en Khiam—, el liderazgo de Hezbollah declaraba el pacto «nulo» y alertaba sobre el riesgo de una «sedición» que derive en conflicto interno. El presidente libanés, Joseph Aoun, comunicó a su par estadounidense Donald Trump que Beirut «asumirá sus responsabilidades», pero el rechazo frontal del grupo armado respaldado por Irán sitúa al gobierno libanés ante un dilema de gobernabilidad que, según analistas en la región, recuerda la fragilidad de acuerdos previos nunca implementados.

Desde la óptica de Jerusalén, el entendimiento consagra una línea roja que el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de «histórica»: no habrá retirada de las tropas israelíes de la franja al sur del río Litani mientras Hezbollah no se haya desarmado completamente. El ministro de Defensa, Israel Katz, instruyó a las fuerzas a prepararse para una «estancia prolongada» en la autodenominada «zona de seguridad» de unos diez kilómetros de profundidad, de la cual se ha desplazado a la población civil chiita. En paralelo, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aprobó planes para mantener operaciones en esa área. Pese al respaldo del gobierno, voces de la extrema derecha, como el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, calificaron el acuerdo de «gran error» al considerar que el Líbano no desarmará a Hezbollah. Para observadores en Tel Aviv, la doctrina de zonas tapón —extendida también a Gaza y Siria— busca alejar la amenaza, pero encierra el riesgo de que las tropas desplegadas en líneas estáticas caigan en la rutina, como ocurrió antes del 7 de octubre de 2023.

Hezbollah, que arrastró al Líbano al conflicto en marzo pasado con disparos de cohetes en solidaridad con Irán tras la muerte de su líder supremo en ataques estadounidenses-israelíes, respondió con una andanada verbal y movilizaciones callejeras en Beirut. Su secretario general, Naim Qassem, afirmó que el acuerdo es una «rendición de soberanía» y que la vinculación de la retirada israelí al desarme del grupo «cruza todas las líneas rojas». El diputado Hassan Fadlallah fue más lejos: advirtió que lo pactado «nunca verá la luz del día» y que la tentativa de desarme podría empujar al país hacia un «conflicto interno». Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, subrayó que el objetivo es «poner fin a la guerra en Líbano, devolver a los refugiados y lograr la retirada del régimen sionista», en sintonía con un memorando de entendimiento previo entre Irán y Estados Unidos que, según algunos informes, sirvió de antesala a las negociaciones. A pesar de ello, la administración estadounidense insiste en que el acuerdo bilateral israelo-libanés es independiente de ese entendimiento con Teherán.

El texto del acuerdo, divulgado por el Departamento de Estado, establece un mecanismo gradual en dos zonas piloto no especificadas: Israel se retirará y el Ejército libanés asumirá el control, con la supervisión del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) para documentar violaciones. No obstante, el historial reciente inspira escepticismo: desde el alto el fuego de noviembre de 2024, diversos observadores internacionales señalan que el ejército libanés apenas tomó medidas concretas contra Hezbollah. Francia se declaró «dispuesta a contribuir» a la implementación y respaldó el monopolio estatal de las armas, mientras que desde Bruselas se sigue con atención la evolución del terreno. En lo inmediato, la atención se concentra en el inicio del repliegue ensayado en esos dos enclaves —cuyas coordenadas no se han hecho públicas— y en si las presiones cruzadas permitirán que la «paz duradera» proclamada en Washington se traduzca en hechos sobre el terreno.