El Senado de Estados Unidos alcanzó un principio de acuerdo con la Casa Blanca para desbloquear un proyecto de ley que impondría sanciones económicas a los países que compren petróleo, gas natural y uranio rusos. El anuncio, formulado el 10 de julio por los senadores Lindsey Graham, Roger Wicker, Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, supone un giro en la posición del ejecutivo, que hasta ahora había frenado la iniciativa para preservar margen de maniobra diplomática. Según fuentes legislativas citadas por medios estadounidenses, el texto otorgaría al presidente Donald Trump la facultad de aplicar aranceles de hasta el 500 % a las importaciones procedentes de Estados que mantengan esos flujos comerciales con Moscú, aunque no le obligaría a activarlos de forma automática.

Desde Washington se interpreta el movimiento como una señal de endurecimiento hacia el Kremlin en un momento en que, según la óptica de la Casa Blanca, la reciente estabilización de los precios del crudo —favorecida por el enfriamiento del conflicto con Irán— reduce el riesgo de un shock inflacionario interno. Los senadores promotores, que representan a ambos partidos, vincularon explícitamente la medida con la intensificación de los ataques rusos contra civiles y con la necesidad de “privar de combustible a la maquinaria de guerra de Putin”. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue informado del acuerdo durante una visita de Graham a Kiev y agradeció el gesto como un refuerzo de la presión de largo plazo sobre Moscú.

El proyecto legislativo, que ya había cosechado el respaldo de más de 80 senadores en mayo de 2025, se dirige en primer término a los grandes compradores de energía rusa: China, que absorbe cerca de un tercio de las exportaciones de crudo de Rusia, e India, que recibe aproximadamente el 17 %. Analistas en Bruselas señalan que la arquitectura de la sanción —aranceles punitivos en lugar de un embargo directo— busca trasladar el coste a los intermediarios y refinerías asiáticas sin interrumpir de golpe los mercados globales. La iniciativa también contempla la posibilidad de extender las restricciones a países como Turquía y, según declaraciones previas de Graham, a Estados miembros de la UE que mantengan dependencia del suministro ruso, lo que ha generado cautela en capitales como Budapest y Bratislava.

Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, afirmó que Rusia “ya se ha adaptado a cualquier presión” y restó impacto a la eventual aprobación de las sanciones. No obstante, en círculos diplomáticos latinoamericanos se observa con atención el precedente que podría sentar la medida para otros regímenes de sanciones secundarias, dado el creciente papel de la región como proveedor alternativo de materias primas. El proyecto de ley será presentado formalmente en el Senado en los próximos días y, de superar el trámite parlamentario, dotará al presidente Trump de una nueva herramienta de coerción económica cuya activación quedará supeditada a la evolución de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.