La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, condenada a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad, declaró en una entrevista telefónica con Reuters su intención de regresar a Daca alrededor de diciembre junto con otros dirigentes de su proscrita Liga Awami para entregarse voluntariamente a los tribunales. “Pueden arrestarme a mi regreso, incluso pueden matarme”, afirmó la líder de 78 años desde su exilio en Nueva Delhi, donde reside desde que una revuelta estudiantil la obligó a abandonar el poder en agosto de 2024. Hasina sostuvo que, si la muerte le llega, quiere que sea “en mi propia tierra, donde mis padres están enterrados y donde se derramó su sangre”.

Desde la óptica del actual gobierno de Bangladesh, encabezado por el Partido Nacionalista (BNP) de Tarique Rahman, la prioridad es ejecutar la sentencia dictada en noviembre de 2025 por el Tribunal de Crímenes Internacionales. Fuentes oficiales en Daca recuerdan que se ha solicitado repetidamente a India la extradición de Hasina y que, en paralelo, un comunicado gubernamental instó a los medios a respetar la prohibición judicial de difundir declaraciones de la exmandataria prófuga. La oposición, en voz del jefe de bancada del Partido Nacional Ciudadano, Nahid Islam, fue más tajante: “Ella regresará al país solo para que se ejecute la sentencia de muerte”, y urgió al ejecutivo a activar “los mecanismos diplomáticos y legales adecuados” para traerla de vuelta.

Analistas en Nueva Delhi señalan que el anuncio de Hasina introduce un nuevo factor de tensión en la ya deteriorada relación bilateral. India, que le concedió refugio por razones humanitarias, ha indicado que examina la solicitud de extradición en el marco de sus procesos judiciales internos, pero no ha fijado plazos. La propia Hasina aseguró no haber consultado a ningún gobierno extranjero sobre su plan de retorno, lo que, según observadores en Bruselas, podría interpretarse como un gesto para desmarcar su decisión de cualquier cálculo geopolítico y presentarla como un acto de desafío personal frente a un proceso que califica de “farsa judicial”.

El contexto inmediato es el de un país que busca estabilizarse tras dos años de convulsiones. La represión de las protestas de 2024 dejó hasta 1.400 muertos, según un informe de Naciones Unidas, y la posterior proscripción de la Liga Awami en mayo de 2025 vació de representación legal al principal partido de la oposición. Aunque Hasina mencionó diciembre como horizonte, no precisó fecha ni tribunal ante el cual se entregaría, y el gobierno de Daca no ha reaccionado oficialmente a sus palabras. El expediente de extradición sigue abierto, pero sin avances públicos, mientras la prohibición de difundir sus mensajes mantiene a la exmandataria en un limbo comunicacional que, desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos con sede en Ginebra, podría dificultar el escrutinio internacional sobre el debido proceso.