El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el 25 de junio la declaración de persona non grata del cónsul general de Rumanía en San Petersburgo, Gheorghe Nicolae Pahonea, y el cierre de la oficina consular en esa ciudad. La decisión fue comunicada al embajador rumano en Moscú, Cristian Istrate, mediante una nota diplomática. Según la cancillería rusa, la medida constituye una respuesta directa al cierre del consulado general ruso en Constanza y a la expulsión de su titular, decididos por Bucarest a finales de mayo.

Desde la óptica de Moscú, la acción rumana carecía de justificación y se enmarca en lo que califica como una atribución apresurada de responsabilidad por el incidente con un dron en la localidad de Galați. El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió que el aparato podría ser de origen ucraniano y reclamó una investigación pericial de los restos. Por su parte, el gobierno de Rumanía sostiene que el dron que impactó contra un edificio residencial el 29 de mayo, hiriendo a dos personas, era de fabricación rusa y que el ataque violó su espacio aéreo. Bucarest considera que la expulsión del cónsul ruso y el cierre del consulado en Constanza fueron actos de soberanía proporcionados. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, había advertido el mismo día del incidente que la respuesta de Moscú “no se haría esperar”.

La reducción de la presencia consular mutua deja a ambos países con sus respectivas embajadas y secciones consulares como únicos canales diplomáticos. Analistas de seguridad en Bruselas observan que este intercambio de represalias se inscribe en un patrón más amplio de expulsiones recíprocas entre Rusia y Estados miembros de la OTAN y la Unión Europea desde el inicio de la guerra en Ucrania. El episodio también refleja la creciente frecuencia con la que drones militares —atribuidos tanto a fuerzas rusas como ucranianas— penetran en el espacio aéreo de países vecinos, incluidos los Estados bálticos, Finlandia y la propia Rumanía, elevando el riesgo de escalada involuntaria.

El incidente de Galați llevó a que 56 países miembros de la ONU condenaran a Rusia por la caída del dron, calificándola de “inaceptable”. Moscú, sin embargo, mantiene que sus fuerzas armadas no atacan objetivos civiles ni dirigen sus operaciones contra territorios de la OTAN o la UE. El Ministerio de Defensa ruso insiste en que sus ataques se limitan a infraestructura militar en Ucrania. Con el cierre del consulado rumano en San Petersburgo, la crisis diplomática bilateral queda momentáneamente estabilizada en un nivel de representación mínimo, sin que se hayan anunciado nuevas medidas punitivas. La atención se centra ahora en si se producirán más incidentes con drones que puedan reavivar la tensión.