El Gobierno británico anunció el lunes la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) como organización terrorista y amenaza a la seguridad nacional, en el marco de una reforma legal que amplía las facultades del Ejecutivo para contrarrestar actividades de Estados extranjeros mediante grupos delegados. La medida, que se presentará esta semana al Parlamento, establece penas de hasta catorce años de prisión para quienes presten apoyo material o difundan contenidos favorables a la agrupación, e incluye en la misma categoría a una red vinculada a Irán señalada por ataques contra propiedades de la comunidad judía en Londres y a voluntarios de la inteligencia militar rusa (GRU).

Desde Teherán, la Cancillería iraní calificó la decisión de “injustificada e irresponsable” y advirtió que se reserva el derecho a adoptar medidas recíprocas. En un comunicado difundido el martes, el ministerio sostuvo que el IRGC es una institución oficial de las Fuerzas Armadas y que su designación vulnera los principios de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia en los asuntos internos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, subrayó el papel del cuerpo militar en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico (Daesh) y acusó a Londres de carecer de autoridad moral para formular señalamientos de seguridad, dado su historial de intervenciones coloniales en Asia Occidental y su respaldo a lo que Teherán describe como la reciente agresión militar estadounidense-israelí contra Irán. La representación diplomática británica en la capital iraní fue convocada para recibir una protesta formal.

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior británico, la nueva legislación modifica la Ley de Seguridad Nacional de 2023 para otorgar poderes similares a la proscripción de grupos terroristas, pero aplicados a organizaciones respaldadas por Estados. La cartera justificó la medida señalando que existe evidencia suficiente para considerar que las tres entidades designadas participan en actividades de amenaza de potencia extranjera, incluyendo espionaje, interferencia en procesos democráticos, sabotaje y ataques físicos. La decisión se produce tras una serie de incidentes antisemitas en la capital británica —incluidos incendios intencionados contra sinagogas y ambulancias comunitarias— y después de que un tribunal londinense condenara a dos ciudadanos rumanos por un apuñalamiento ejecutado, según la sentencia, a instancias de Irán.

Analistas en Buenos Aires observan la medida como un posible precedente para endurecer los mecanismos de sanción contra redes vinculadas a Teherán en otras regiones, particularmente en América Latina, donde la memoria de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina —atribuidos a Hezbolá con presunto respaldo iraní— mantiene vigente el debate sobre la presencia de agentes de influencia de la República Islámica. Desde la óptica de Bruselas, la decisión británica se inscribe en un esfuerzo más amplio de los aliados occidentales por contener las operaciones encubiertas de Irán y Rusia en suelo europeo, en un contexto de creciente tensión en Asia Occidental.

El proyecto de ley iniciará su trámite parlamentario en los próximos días, mientras Teherán evalúa contramedidas aún no especificadas. La designación no implica la ruptura de relaciones diplomáticas, pero profundiza el distanciamiento entre ambos países en un momento en que las potencias europeas buscan equilibrar la presión sobre Irán con la preservación de canales de diálogo sobre el programa nuclear iraní.