El gobierno británico anunció el lunes la activación de un mecanismo legal inédito que le permite prohibir el apoyo a entidades estatales extranjeras consideradas una amenaza, y designó de inmediato al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y al cuerpo de voluntarios del servicio de inteligencia militar ruso GRU. A partir de la aprobación parlamentaria prevista para esta misma semana, cualquier expresión de respaldo, asistencia material o aceptación de beneficios en nombre de estos grupos será castigada con hasta 14 años de cárcel, y los actos de sabotaje cometidos por cuenta de ellos podrán acarrear cadena perpetua.

Según la exposición de motivos del Ministerio del Interior británico, la decisión responde a una escalada de actividades hostiles en suelo del Reino Unido. La ministra de Seguridad, Angela Eagle, detalló ante el Parlamento que se han identificado operaciones del CGRI que incluyen amenazas de muerte e intimidación, mientras que el IMCR —al que Londres sitúa bajo dirección de la Fuerza Quds del CGRI— ha reivindicado siete ataques contra intereses judíos e israelíes y contra medios en lengua persa, entre ellos el incendio de cuatro ambulancias de la organización benéfica judía Hatzola en el barrio londinense de Golders Green. El primer ministro Keir Starmer afirmó que las nuevas atribuciones permitirán “procesar y encarcelar a cualquiera que haga el trabajo sucio de estos grupos” en el país.

Desde Teherán, medios oficialistas y agencias iraníes calificaron la medida como un acto hostil y denunciaron una campaña de desinformación. Algunos, como las agencias Tasnim y Fars, informaron erróneamente que el CGRI había sido incluido en la lista de organizaciones terroristas, mientras que la agencia estatal IRNA y el medio Khabar Online precisaron que se trata de una figura jurídica distinta: una designación bajo la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas Estatales) de 2026, no una proscripción conforme a la Ley de Terrorismo de 2000. Analistas en Teherán subrayan que esta diferenciación legal es relevante, pues la legislación antiterrorista clásica estaba concebida para grupos no estatales, y aplicarla a un cuerpo militar oficial de un Estado extranjero planteaba obstáculos jurídicos y diplomáticos que Londres ha sorteado ahora con un instrumento diseñado específicamente para contrarrestar amenazas híbridas y proxies estatales.

La decisión británica se alinea con una tendencia occidental más amplia. Estados Unidos, Canadá y Australia ya habían catalogado al CGRI como organización terrorista, y en enero de 2025 la Unión Europea acordó incluirlo en su lista de entidades terroristas tras la represión de protestas en Irán. Desde Bruselas, la entonces alta representante Kaja Kallas justificó la medida afirmando que “la represión no puede quedar sin respuesta”. En América Latina, donde Irán ha sido señalado por su presunta vinculación con atentados como el de la AMIA en Buenos Aires, la decisión de Londres es observada con atención por gobiernos que han impulsado sanciones propias. La nueva legislación británica, además, elimina la necesidad de que los fiscales demuestren en cada caso un vínculo directo con una potencia extranjera, lo que agiliza las causas judiciales y amplía la capacidad de las agencias de inteligencia para neutralizar operaciones encubiertas.

El proyecto de ley, acelerado por el ejecutivo tras los ataques antisemitas en el norte de Londres, será sometido a votación en el Parlamento en los próximos días. Una vez aprobado, el Reino Unido dispondrá de un instrumento que, sin calificar formalmente al CGRI como grupo terrorista, produce efectos prácticos equivalentes o más severos, al criminalizar cualquier forma de colaboración. El dossier queda ahora a la espera del trámite legislativo, mientras Teherán no ha emitido una reacción oficial completa y los gobiernos europeos evalúan si replicar este modelo jurídico para enfrentar las actividades encubiertas de actores estatales en sus territorios.