Desde el 17 de junio, múltiples reportes de testigos, organizaciones de ayuda a objetores y medios independientes rusos en el exilio documentan operativos coordinados de policía, Rosgvardia y comisarías militares en la región de Penza, incluidas las localidades de Kamenka y Kuznetsk. Los hombres son interceptados en vehículos, transporte público y domicilios y, según los denunciantes, forzados a suscribir contratos con el Ministerio de Defensa para combatir en Ucrania. Un video verificado por el medio exiliado Mediazona muestra a mujeres frente a un autobús con detenidos junto a la comisaría de los distritos Oktiabrski y Zheleznodorozhni, acusando a los uniformados de golpear a sus familiares para que firmaran.

Las autoridades de Penza rechazan las acusaciones. El Ministerio del Interior regional afirmó el 18 de junio que las informaciones sobre redadas masivas “no se corresponden con la realidad” y que las acciones fueron en apoyo a la investigación militar para identificar a personas que obtuvieron la ciudadanía rusa sin inscribirse en el registro castrense. La Rosgvardia local informó de un operativo interdepartamental que revisó a 80 conductores y entregó citaciones a nueve no registrados, asegurando que estos procedimientos son planificados y continuarán “de forma sistemática”. Medios afines al gobierno calificaron las denuncias de “falsas” y atribuyeron el despliegue a barridos rutinarios contra migrantes irregulares y evasores del servicio militar.

Organizaciones de derechos humanos como Idite Lesom y el Movimiento de Objetores Conscientes, que asesoran a quienes buscan eludir el reclutamiento, sostienen que se trata de una práctica de reclutamiento forzoso dirigida especialmente a grupos vulnerables, incluidos hombres con antecedentes penales o deudas. Una denuncia formal ya alega que un detenido fue engañado para firmar un contrato bajo la apariencia de papeleo de arresto. Desde la óptica de analistas en Europa del Este, estos hechos se inscriben en un patrón de presión creciente para engrosar las filas sin decretar una movilización general impopular, en el marco de la orden presidencial de alcanzar 1,5 millones de efectivos para 2026.

La movilización “parcial” de 300.000 reservistas anunciada por Vladímir Putin en septiembre de 2022 abrió paso a episodios recurrentes de alistamiento forzado, pese a las promesas oficiales de que solo se convocaría a reservistas. La represión contra medios independientes —The Moscow Times fue declarado “indeseable” y criminalizado— dificulta la verificación independiente de lo que sucede sobre el terreno. Las autoridades prometen más operativos, mientras las familias afectadas recurren a quejas formales y las redes sociales amplifican la alarma. El dossier permanece abierto, sin una investigación independiente posible dentro de Rusia.