El sábado, la policía francesa detuvo a una veintena de personas cuando cientos de manifestantes desafiaron la prohibición de una protesta convocada por la oposición iraní en París. Pese a que el tribunal administrativo confirmó la interdicción emitida por la prefectura, autobuses llegaron a la plaza Vauban, cerca de Los Inválidos. Las fuerzas de seguridad intervinieron con advertencias y empleo de gas pimienta, según relataron los organizadores, mientras que una fuente policial citada por AFP confirmó las detenciones.

La movilización fue impulsada por la plataforma Voces de Irán, que agrupa a asociaciones de la diáspora iraní y ONG como el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), brazo político de los Muyahidines del Pueblo (MEK, calificados como «organización terrorista» por Teherán). Afchine Alavi, del CNRI, denunció arrestos «sin motivo» y negó violencia por parte de los manifestantes, que coreaban consignas como «Abajo la dictadura» y portaban pancartas con el lema «Ni shah, ni mulás». La prefectura fundamentó la prohibición en «un contexto nacional e internacional particularmente tenso» y el «riesgo serio de enfrentamientos entre militantes de opiniones antagónicas».

El episodio parisino coincidió con nuevas señales de endurecimiento represivo en Irán. La Universidad Tecnológica Sharif, una de las más prestigiosas del país, expulsó a seis estudiantes acusados de participar en las protestas que sacudieron la república islámica a principios de año, según la agencia Fars. Los jóvenes fueron señalados por presuntamente liderar concentraciones ilegales, usar «lenguaje ofensivo» y enarbolar el símbolo monárquico del león y el sol, utilizado por opositores. Desde Teherán, estas medidas reflejan la continuidad de una campaña de represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos desde las movilizaciones de diciembre pasado contra la crisis económica y la falta de libertades.

En un hemisferio distinto, los maestros kenianos enfrentan una controversia de transparencia salarial. La Comisión del Servicio Docente (TSC) aplicó en junio un aumento inexplicado de 108 chelines kenianos en las deducciones del impuesto sobre la renta (PAYE), que según cálculos sindicales podría significar hasta 32,4 millones de chelines mensuales si se replica en los 300.000 educadores del país. Los sindicatos exigen claridad, señalando que la medida agrava el malestar por el alto coste de vida, justo después de que se firmaran nuevas pautas de promoción y se acordara un presupuesto de 8.400 millones de chelines para mejoras salariales a partir de julio de 2026. Hasta el momento, la TSC no ha ofrecido explicaciones oficiales.

La confluencia de estos episodios subraya cómo distintos gobiernos manejan las demandas ciudadanas. Mientras en París la justicia avaló una restricción a la libertad de manifestación por riesgos de orden público, Teherán recurre a medidas disciplinarias para acallar la disidencia estudiantil. En Nairobi, la presión sindical avanza por canales institucionales sin aclaración estatal. Voces de Irán presentó un recurso de urgencia para revertir la prohibición, y no se descartan nuevas convocatorias de la diáspora.