El magistrado Juan Carlos Peinado ha dispuesto la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. La resolución, recogida en un auto de 84 páginas, sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad” por cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación— y justifica las limitaciones de movilidad en un “riesgo de fuga” que no se podría descartar ni siquiera con la escolta oficial que protege a la investigada. El juez llega a afirmar que esos agentes “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” podrían facilitar una hipotética huida, lo que ha provocado una reacción unánime de los principales sindicatos policiales, que consideran esa insinuación “una auténtica barbaridad” y exigen una rectificación inmediata al considerar que lastra la profesionalidad de los funcionarios de las unidades de protección.

Desde la Moncloa y la dirección del PSOE se califica el procedimiento de “persecución judicial y política” y se asegura que la instrucción “carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos”. La portavoz Montse Mínguez habló de decisión “delirante, obsesiva y desproporcionada”, mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, describió la jornada como “un día nefasto para quienes creen en la Justicia”. Enfrente, el Partido Popular sentenció por boca de su secretario general, Miguel Tellado, que Sánchez “ha convertido La Moncloa en una guarida de delincuentes y al Ejecutivo en una organización criminal”, y redobló la exigencia de elecciones anticipadas. La Plataforma Hazte Oír, que ejerce la acusación popular con apoyo de Vox, había solicitado expresamente esas medidas cautelares invocando precisamente el riesgo de fuga, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que junto con las defensas había pedido el archivo de la causa por falta de indicios.

La decisión agrava el cerco judicial sobre el entorno de Sánchez. Junto a Gómez se sentarán en el banquillo su asesora Cristina Álvarez —por los mismos cuatro delitos— y el empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El núcleo de la investigación se sitúa en la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en el supuesto aprovechamiento de la posición institucional del presidente para favorecer intereses profesionales privados. Peinado subraya en su auto que “no podrá hallarse un supuesto de similares características” y que esas conductas recuerdan “más a regímenes absolutistas” que a un Estado democrático. Además, ha abierto una pieza separada por presunta prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea, relacionada con un contrato de 4 millones de euros financiado con fondos Feder y adjudicado a una unión temporal de empresas en la que participa Innova Next, sociedad del grupo de Barrabés.

El caso se remonta a la denuncia presentada en abril de 2024 por el sindicato Manos Limpias —al que el propio juez excluyó posteriormente del procedimiento— y se inscribe en una acumulación de frentes judiciales para el gobierno de coalición. Además de la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a David Sánchez, hermano del presidente, por presuntas comisiones en contratos públicos, el Tribunal Supremo imputó en mayo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Mientras tanto, la defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares, y la Audiencia Provincial de Madrid aún podría revisar el procesamiento. El juicio, que se celebrará con jurado popular, no tiene fecha de inicio, pero la instrucción sigue abierta a medida que llega documentación de la Fiscalía Europea.