La derechista Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú el 3 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras imponerse en la segunda vuelta del 7 de junio con una diferencia de apenas 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, obtuvo 9.223.000 sufragios frente a los 9.173.000 de su rival, en unos comicios marcados por retrasos en la distribución de papeletas y un lento escrutinio que alimentó las sospechas de fraude. La candidata de Fuerza Popular, que hizo campaña con la promesa de mano dura contra la delincuencia y de unidad nacional, asume el poder en un país sumido en una profunda crisis política, con seis presidentes en la última década y una economía estancada.

Desde Lima, el excandidato Sánchez rechazó de inmediato la legitimidad del futuro gobierno y anunció la creación de un 'frente patriótico para recuperar la democracia'. El líder de Juntos por el Perú sostiene que ganó en el territorio nacional con el 50,08 % de los votos y que la victoria de Fujimori se debe a una manipulación del voto de los peruanos en el extranjero, cuyas reglas de conteo fueron modificadas días antes del balotaje. Sánchez ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una demanda y una medida cautelar, y condicionó cualquier diálogo con el nuevo Ejecutivo a la investigación de las 50 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, la derogación de las llamadas 'leyes pro crimen' aprobadas por el Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde su fallido autogolpe de diciembre de 2022.

El estrecho margen y las acusaciones de injerencia externa añaden una dimensión geopolítica a la crisis. Sánchez denunció públicamente que el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, 'metió las narices' en el proceso electoral al reunirse con miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y participar como observador. Analistas en la región interpretan esta acusación como un reflejo del interés de Washington en asegurar un gobierno afín en un contexto de creciente influencia china en América Latina. Mientras, desde la óptica de Bruselas y de organismos multilaterales, la situación peruana se observa con preocupación por el deterioro de la confianza en las instituciones electorales y el riesgo de una nueva ola de inestabilidad.

Fujimori, por su parte, ha llamado a la unidad y al diálogo en sus primeras declaraciones, pero la negativa de la oposición a reconocerla y la apelación ante la CIDH auguran un período de transición turbulento. El nuevo gobierno, que tomará posesión en las próximas semanas, deberá enfrentar una fractura social que se expresa en el mapa electoral: Sánchez se impuso en 16 de las 24 regiones del país. La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos, aún no se ha pronunciado oficialmente, pero se espera que la CIDH resuelva sobre las medidas cautelares en los próximos días, lo que podría condicionar el reconocimiento del nuevo Ejecutivo y la evolución de la crisis política peruana.