Una operación coordinada por Interpol y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reunió durante cuatro días en Lyon a agentes de siete países europeos para rastrear redes de trata que utilizan plataformas de contenido para adultos por suscripción. El operativo, denominado CyberProtect III, generó 34 casos sospechosos, 18 perfiles de sospechosos y la identificación de 27 víctimas potenciales, según informó Interpol. Los investigadores detectaron que los grupos criminales recurren a lo que las autoridades denominan “e-proxenetismo”: captación mediante falsas agencias de modelaje, control remoto de las cuentas de las víctimas, presión psicológica creciente y pagos con criptomonedas o fichas digitales. La arquitectura de pago de estos sitios y el uso de lenguaje codificado dificultan la detección. Interpol ya había emitido en febrero una “Notificación Púrpura” sobre esta modalidad, y durante el hackathon se confirmó que Sudamérica aparece como región de origen destacada en los anuncios de explotación presencial y virtual.

Desde la órbita latinoamericana, los datos locales refuerzan esa señal. En Cúcuta, Colombia, la Secretaría de Gobierno municipal activó en lo que va del año 21 rutas de atención a víctimas de trata, con la explotación sexual como el delito más denunciado. Las autoridades locales precisaron que las víctimas son tanto migrantes como ciudadanos colombianos, engañados con ofertas laborales o paquetes turísticos falsos, y que los responsables incluyen grupos armados que operan en la región del Catatumbo y bandas criminales. Los destinos de captación identificados abarcan Bogotá, Medellín, Cali, República Dominicana y México. En México, un estudio de Unicef, ECPAT International e Interpol reveló que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet —1,6 millones de personas— sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales en un período de un año. El 67 % de los incidentes ocurrió exclusivamente en línea, sobre todo en redes sociales, y en el 64 % de los casos la víctima conocía al agresor. Menos del 1 % fue denunciado ante la autoridad, y las víctimas presentan probabilidades significativamente mayores de autolesión y pensamientos suicidas.

En el norte de Europa, el foco se extiende a la explotación laboral y al reclutamiento de menores para el crimen organizado. Un informe del parlamento sueco señaló graves deficiencias en la respuesta policial y judicial: baja tasa de esclarecimiento, débil perspectiva de víctima y deportación de personas vulnerables en lugar de protección. La organización Frälsningsarmén (Ejército de Salvación) atendió en 2025 a 418 personas de 37 países con sospecha de haber sido víctimas de trata o explotación laboral; 260 recibieron apoyo directo. Una encuesta ciudadana mostró que el 27 % respalda la creación de una línea nacional de denuncia. El gobierno sueco estudia tipificar como delito el uso consciente de servicios prestados por víctimas de trata, en línea con la directiva europea actualizada. Paralelamente, la policía sueca advirtió que las redes sociales y los chats cifrados son utilizados por pandillas para encargar delitos a adolescentes, un riesgo que se intensifica en verano, cuando disminuye la supervisión adulta.

Las investigaciones en Lyon permanecen abiertas y los indicios recabados se han convertido en pistas operativas para los países participantes. Las cifras de Cúcuta corresponden al acumulado parcial de 2025, mientras que el estudio mexicano refleja datos de 2023-2024. La propuesta legislativa sueca aún no ha sido aprobada. En todos los frentes, las autoridades coinciden en que la dimensión digital de la trata —desde plataformas de pago hasta redes sociales y mensajería cifrada— exige cooperación transfronteriza y una respuesta que combine prevención, persecución penal y protección efectiva de las víctimas.