La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong detuvo el miércoles a cinco personas —tres mujeres y dos hombres de entre 30 y 59 años— durante registros en las librerías independientes Have a Nice Stay y Greenfield Bookstore, en los barrios de Mong Kok y Prince Edward. Según el comunicado oficial, los arrestados están acusados de “actuar con intención sediciosa” bajo la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de 2024, por distribuir publicaciones que, de acuerdo con las autoridades, incitaban al odio contra el gobierno local, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. El secretario de Seguridad, Chris Tang, equiparó la responsabilidad de los libreros a la de un vendedor de alimentos que debe evitar “envenenar” a sus clientes, y rechazó la existencia de una lista negra oficial, aunque subrayó que la evaluación se centra en el contenido y no en los títulos. Se trata de la tercera operación de este tipo desde marzo, en un patrón que organizaciones como Amnistía Internacional califican de “uso de la legislación de seguridad nacional como arma para silenciar voces disidentes y erradicar espacios de pensamiento libre”.

Desde Taipei, el presidente William Lai expresó su solidaridad con los libreros y afirmó que “las palabras y las ideas no deberían estar encadenadas por la presión política”, al tiempo que instó a Hong Kong a respetar las voces diversas. La reacción se produce en un momento de creciente fricción económica interna. De acuerdo con informes de prensa y asociaciones gremiales en el territorio, el comercio minorista y la restauración atraviesan una crisis de rentabilidad: los operadores reclaman reducciones de alquiler de entre el 20% y el 50%, mientras los propietarios solo conceden recortes de hasta el 20% y, en algunos centros comerciales, incluso elevan las tarifas. El presidente de la Asociación de Servicios de Restauración de Hong Kong, Michael Leung, describió un entorno “pobre”, con calles vacías a las ocho de la noche y guerras de precios que han llevado al cierre de establecimientos históricos. Simultáneamente, el plan gubernamental de limitar a 10.000 los permisos de transporte por aplicación genera malestar tanto en el sector del taxi —que teme una reducción progresiva de su actividad— como en plataformas como Uber, mientras legisladores advierten que la medida podría provocar escasez de servicio y tarifas más altas.

En contraste, la vecina Shenzhen se ha convertido en un caso de estudio de una filosofía de desarrollo basada en la innovación, la coordinación, el crecimiento verde, la apertura y la prosperidad compartida, según describen analistas del sur global. Con más de 25.000 empresas de alta tecnología reconocidas, una flota de transporte público totalmente electrificada y una inversión fiscal en educación, salud y vivienda que en 2025 alcanzó los 45.000 millones de dólares —el 67,7% del presupuesto municipal—, la ciudad que hace cuatro décadas era un páramo de marismas y aldeas pesqueras exhibe hoy un PIB per cápita superior a los 30.000 dólares. Mientras Hong Kong debate si debe mirar al pasado o medirse con las mejores ciudades globales, Shenzhen atrae capital extranjero: entre 2021 y 2025 registró 44.000 nuevas empresas de capital foráneo y un volumen de comercio exterior de 670.000 millones de dólares solo en 2025.

Esa dualidad se inscribe en un contexto global donde otras economías emergentes reconfiguran sus motores de crecimiento. En México, la convergencia entre industria, hogar y digitalización está generando un ecosistema que, según la Secretaría de Economía, fortalece la competitividad y difumina las fronteras entre lo físico y lo digital, con actores como CEMEX, Mabe o Amazon integrando logística, producción y consumo en tiempo real. El dossier hongkonés queda abierto: los cinco detenidos permanecen bajo investigación por un delito castigado con hasta siete años de prisión, mientras la Feria del Libro se inauguraba con la exclusión de otras dos librerías independientes. El plan de cupos al transporte por aplicación sigue su trámite y el gobierno local defiende que la cuota cubrirá la demanda actual, aunque los críticos anticipan un nuevo foco de insatisfacción pública. La tensión entre seguridad jurídica y vitalidad económica definirá los próximos pasos de la excolonia.