El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el 21 de junio una fuerza de tarea conjunta realizó un ataque cinético letal contra una embarcación en el mar Caribe, acción que dejó dos tripulantes muertos y seis sobrevivientes. Según el comunicado oficial, la inteligencia indicaba que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y era operada por “organizaciones terroristas designadas”, aunque no se presentaron pruebas de la carga ilícita ni se identificó a los grupos. La Guardia Costera fue notificada para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes, y ningún militar estadounidense resultó herido.

Desde Washington, la administración Trump enmarca estos bombardeos como parte de un “conflicto armado” contra los cárteles, justificándolos como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis fatales en territorio estadounidense. En contraste, organizaciones de derechos humanos y juristas en América Latina y Estados Unidos califican las operaciones de ejecuciones extrajudiciales y cuestionan su legalidad bajo el derecho internacional. Legisladores estadounidenses han exigido al Pentágono la divulgación del video sin editar del primer ataque de esta campaña, en el que se realizó un bombardeo de seguimiento contra los sobrevivientes que se aferraban a los restos del navío; la Casa Blanca defendió esa segunda acción como “en defensa propia”, pero académicos legales sostienen que habría sido ilegal en cualquier circunstancia.

La ofensiva, que según el Comando Sur suma más de sesenta ataques y ha causado la muerte de más de 210 personas desde septiembre de 2025, representa un giro respecto a la forma en que Washington ha abordado históricamente las embarcaciones sospechosas. La inspección general del Pentágono anunció en mayo una evaluación centrada exclusivamente en el cumplimiento del Ciclo Conjunto de Selección de Blancos, sin examinar la legalidad de los bombardeos. Mientras tanto, analistas en Ciudad de México subrayan que el fentanilo responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos se trafica principalmente por vía terrestre desde México, donde se produce con precursores químicos importados de China e India, lo que relativiza la eficacia de los ataques en rutas marítimas.

Una investigación de Associated Press, difundida por medios internacionales, reveló que entre 2023 y 2025 la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) permitió deliberadamente que cientos de miles de píldoras de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México para construir casos judiciales contra grandes traficantes. Agentes y exagentes consultados afirmaron que esta táctica pudo haber violado directrices del Departamento de Justicia diseñadas para proteger al público, y que la propia DEA calificó de “falsas” las acusaciones de haber permitido a sabiendas que el opioide llegara a las comunidades. La coexistencia de una estrategia militar letal en el mar con una política doméstica que toleró el flujo de la misma sustancia ha intensificado el escrutinio, desde sectores académicos y legislativos, sobre la coherencia y los resultados de la guerra contra las drogas.

El inspector general del Pentágono tiene previsto completar su revisión del marco de selección de objetivos, sin que hasta el momento se haya anunciado una investigación sobre la legalidad de los ataques. En el Congreso, la presión bipartidista por acceder a las grabaciones completas del primer bombardeo y por esclarecer las circunstancias de los ataques de seguimiento continúa, mientras el Comando Sur mantiene su postura de no revelar evidencias sobre las embarcaciones atacadas ni la identidad de las organizaciones señaladas.