La administración estadounidense ultimó la revisión de una regla que sustituye el sistema de «duración de estatus» (D/S) para titulares de visados F, J e I por un período fijo de admisión, habitualmente de cuatro años, renovable tras su vencimiento. La Oficina de Administración y Presupuesto dio luz verde al texto final, que ahora aguarda su publicación, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. De forma paralela, un juez federal de Rhode Island ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración reanudar el procesamiento de miles de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia que permanecían congeladas desde diciembre de 2025, al considerar ilegales las políticas de suspensión aplicadas. La agencia acató la orden aunque anunció que apelará el fallo.

El refuerzo de los controles migratorios se extiende también a la expedición de licencias de conducir comerciales. El Departamento de Transporte exige desde marzo que los estados verifiquen el estatus migratorio antes de emitir o renovar permisos para camioneros y conductores de autobuses. Oregón e Indiana suspendieron o cancelaron las licencias de residentes temporales no ciudadanos, mientras California mantiene las suyas amparada en una batalla judicial. En materia de pasaportes, Estados Unidos advierte que no permitirá el ingreso o salida con documentos vencidos o en proceso de renovación, y recuerda a los viajeros que muchos destinos, entre ellos España y varios países latinoamericanos, exigen una vigencia adicional de entre tres y seis meses. La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay y las cancillerías de México y Colombia reiteraron que los visitantes deben presentar pasaporte «completamente vigente», sin daños ni marcas ajenas, para evitar la inadmisión en frontera.

Los cambios alcanzan también a las operaciones financieras cotidianas. En Suecia, la empresa Kontanten comenzó a cobrar comisiones en sus 450 cajeros automáticos ante el aumento de los costes de seguridad y la caída del uso de efectivo, medida que ha recibido críticas de organizaciones como Kontantupproret. En España, la Agencia Tributaria intensificó la vigilancia sobre ingresos y retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros, multando con hasta el 150% del importe no declarado y reteniendo el dinero hasta que se acredite su procedencia. Mientras, en Colombia, el abogado Víctor Manuel Beltrán señaló que los recargos por pago con tarjeta solo son legales si el comerciante informa «de manera clara y visible» antes de que el cliente elija el medio de pago; de lo contrario, constituyen una práctica abusiva, según el Estatuto del Consumidor.

La seguridad vial es otro ámbito de intervención. En California, el Departamento de Vehículos Motorizados obliga a los mayores de 70 años a renovar su licencia de forma presencial y con una vigencia reducida a cinco años. La Dirección General de Tráfico española, por su parte, dispuso que los conductores de más de 65 años renueven cada cinco años y se sometan a pruebas psicofísicas más rigurosas, aunque desmintió cualquier retirada automática del carné. La DGT también advirtió que portar armas, explosivos o dispositivos de vigilancia no autorizados en el vehículo puede acarrear multas de hasta 30.000 euros y la cancelación del permiso. En paralelo, el Boletín Oficial del Estado español confirmó la convocatoria de un servicio militar voluntario para jóvenes nacidos en 2007 y 2008, con 4.523 plazas distribuidas entre los tres ejércitos y salarios que oscilan entre 18.127 y 22.116 euros anuales. La medida, que busca ofrecer formación y disciplina sin interrumpir los estudios, ha despertado expectación entre la generación Z, según fuentes del Ministerio de Defensa.