El Gobierno de Nicaragua notificó este jueves a Italia la decisión de romper todas las relaciones diplomáticas, en respuesta a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante un foro del Partido Popular Europeo en Madrid. Tajani había calificado al Ejecutivo de Daniel Ortega de “régimen extremista” y exigió la extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978. La cancillería nicaragüense difundió un comunicado en el que tilda las palabras de Tajani de “injustificadas, agresivas e irresponsables” y afirma que la ruptura es una “expresión contundente de soberanía y dignidad nacional”.

Desde la óptica de Roma, la protección que Nicaragua brinda a Casimirri constituye una afrenta a la justicia y a la memoria de las víctimas del terrorismo. Tajani subrayó en una nota oficial que Italia “continuará exigiendo que Casimirri responda ante la justicia italiana”, en línea con una resolución previa del Parlamento Europeo. El exbrigadista, de 74 años, participó en la emboscada de la vía Fani en la que murieron cinco agentes de la escolta de Moro y, según las reconstrucciones judiciales, bloqueó con un vehículo la ruta de escape del convoy. Huyó de Italia a principios de los años ochenta y, tras pasar por Libia y Cuba, se asentó en Nicaragua en 1983, donde obtuvo la nacionalidad y desarrolló actividades empresariales en el sector de la restauración.

Para Managua, la reiterada demanda de extradición choca con un obstáculo constitucional insalvable: la Carta Magna nicaragüense prohíbe la entrega de ciudadanos nacionales a otro Estado. Fuentes diplomáticas en América Central señalan que, más allá del caso concreto, el tono empleado por Tajani —al calificar al Gobierno de Ortega de extremista y al acusarlo de amparar a “peligrosos terroristas”— fue interpretado por las autoridades sandinistas como una descalificación directa a su legitimidad, lo que precipitó la decisión de ruptura. El comunicado oficial de Managua alude a “muy buenos tiempos de respeto absoluto” con autoridades italianas anteriores y lamenta que se produzcan “agresiones” que contrastan con el vínculo histórico entre ambos países.

La crisis deja en suspenso los canales bilaterales ordinarios, aunque no modifica la situación jurídica de Casimirri, quien permanece en Nicaragua sin que se vislumbre un cambio en la posición de las autoridades locales. Analistas en Bruselas apuntan que la ruptura podría tener repercusiones limitadas en el plano comercial, pero añade un nuevo foco de tensión entre la Unión Europea y el Gobierno de Ortega, ya objeto de sanciones por parte del bloque comunitario. Por el momento, Italia mantiene su exigencia de extradición y Managua ha anunciado que procederá a “asegurar los procesos necesarios” para formalizar la ruptura, sin que se hayan precisado plazos ni el alcance exacto de las medidas.