Benjamin Netanyahu aterrizará en Washington el próximo martes para reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en la que será su primera visita a Estados Unidos desde que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiera en noviembre de 2024 una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La cita, confirmada por fuentes gubernamentales israelíes y estadounidenses, incluye también la participación del primer ministro en un funeral del senador Lindsey Graham, fallecido recientemente y conocido por su firme apoyo a Israel. Pese al mandato judicial con sede en La Haya, la detención de Netanyahu en suelo norteamericano carece de viabilidad legal, según han explicado especialistas en derecho internacional: Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y carece de mecanismos para ejecutar órdenes de la corte.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien durante su campaña electoral había prometido arrestar al mandatario israelí si pisaba la ciudad, reconoció esta semana que su administración no tiene autoridad para hacerlo. La negativa se ampara en una combinación de factores: la no pertenencia de EE.UU. al TPI, una ley federal de 2002 que prohíbe la extradición de cualquier persona al tribunal y las inmunidades que asisten a jefes de gobierno en ejercicio. Además, en caso de acudir a la Asamblea General de la ONU en septiembre, Netanyahu gozaría de protección adicional como representante de un Estado miembro durante sus desplazamientos. La decisión de Mamdani de retractarse ha sido interpretada en círculos demócratas como un intento de evitar un conflicto institucional con el gobierno federal.

Desde la óptica de Bruselas y otras capitales signatarias del TPI, la situación es distinta. Más de 120 países, entre ellos España, Francia, México y Brasil, están obligados en teoría a cumplir los mandatos de la corte penal. Sin embargo, la ejecución práctica depende de la voluntad política de cada gobierno, como demostró Hungría en abril de 2025, cuando recibió a Netanyahu y anunció su retirada del TPI. Analistas europeos advierten que la visita a Washington refuerza la percepción de que las grandes potencias quedan al margen de la jurisdicción internacional, mientras estados más pequeños deben acatarla.

El encuentro bilateral se produce en un momento de alta tensión: la campaña militar conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán entra en su quinto mes sin señales de una resolución definitiva, y el ejército israelí ha lanzado una nueva operación en Cisjordania. Para Netanyahu, que enfrenta una caída en las encuestas y elecciones anticipadas en octubre, la reunión con Trump es una oportunidad para reforzar su imagen de líder fuerte, aunque críticos como el analista israelí Gershon Baskin subrayan que la capacidad militar no se ha traducido en una estrategia política sostenible para el conflicto palestino. Se espera que ambos líderes aborden la escalada en Oriente Medio, las sanciones de Washington contra el TPI —anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio— y la posibilidad de extender la presión sobre la corte penal a otros países aliados.