El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recorrió este martes el sur del Líbano ocupado por sus fuerzas y afirmó que el ejército no se retirará hasta que Hezbolá deje de representar una amenaza. La visita, la primera desde la firma el viernes de un acuerdo marco entre Israel y Líbano con mediación estadounidense, se produjo mientras las tropas israelíes consolidan una franja de seguridad de unos diez kilómetros de profundidad en territorio libanés. Netanyahu declaró que la creación de esa zona tapón constituye “el logro más importante” de la campaña militar y que sus soldados tienen instrucciones de actuar de inmediato ante cualquier peligro.

Desde Jerusalén, el gobierno israelí vincula cualquier retirada al desarme verificado de Hezbolá, una exigencia que el acuerdo marco convierte en condición previa. El pacto, estructurado en catorce puntos y un anexo de seguridad no publicado, contempla que el ejército libanés asuma el control de dos “zonas piloto” como paso inicial, pero no fija un calendario para la salida total de las fuerzas israelíes. En Beirut, el presidente Joseph Aoun respaldó el entendimiento como un primer paso hacia la recuperación de la soberanía, mientras que el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, lo calificó de “acuerdo de imposiciones” y advirtió que no será aplicado. El líder de Hezbolá, Naim Qassem, tachó el pacto de “humillación” y prometió continuar la lucha armada.

Analistas en la región libanesa y en centros de estudio europeos coinciden en que la arquitectura del acuerdo traslada toda la carga a un Estado libanés fragmentado, sin capacidad real para desarmar al grupo chií. Desde la London School of Economics, el académico Fawaz Gerges sostiene que el pacto “nació muerto” al depender de una condición inalcanzable, lo que otorga a Israel cobertura política para mantener una presencia militar indefinida. En Washington, la administración estadounidense presenta el acuerdo como un paso diplomático hacia una paz duradera y ha reforzado la presión financiera con nuevas sanciones contra cinco entidades y dieciséis personas vinculadas a la red económica de Hezbolá, incluidas la asociación Al-Qard al-Hasan y altos responsables de su unidad financiera.

El trasfondo inmediato de la crisis es la guerra regional desatada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó una andanada de proyectiles contra el norte de Israel en solidaridad con Irán, dos días después del inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra la República Islámica. Desde entonces, más de 4.250 libaneses han muerto y un millón han sido desplazados, según autoridades sanitarias locales, mientras Israel reporta 32 soldados y cuatro civiles fallecidos por ataques del grupo. Teherán exige un alto el fuego en Líbano como parte de sus negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto bilateral, pero Israel se opone a vincular ambos frentes. El acuerdo marco prevé un mecanismo de coordinación militar con participación de Washington y París, aunque su implementación efectiva sigue sin horizonte claro ante el rechazo frontal de Hezbolá y la persistencia de los combates.