El Gobierno de México formalizó este lunes la presentación de denuncias penales ante tribunales federales y estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores remitió los expedientes al Departamento de Justicia estadounidense y a fiscalías locales, al tiempo que inició acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria. La decisión, según fuentes del Ejecutivo mexicano, responde a la necesidad de superar la vía diplomática tradicional —once cartas enviadas previamente sin resultados— y garantizar investigaciones imparciales sobre hechos que, desde la óptica de Ciudad de México, constituyen violaciones a los derechos humanos.

El respaldo político interno fue inmediato. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel, emitió un comunicado en el que calificó la protección de los migrantes como una “causa de Estado” y convocó a todas las fuerzas políticas a actuar con unidad. En la misma línea, el Senado de la República, con el aval de los seis grupos parlamentarios, condenó enérgicamente los fallecimientos y respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas. El pronunciamiento legislativo advirtió que no se permitirá la impunidad y anunció un seguimiento puntual de las investigaciones, para lo cual solicitará informes periódicos a las autoridades competentes. Analistas en la capital mexicana interpretan esta cohesión como un intento de blindar la estrategia presidencial frente a las tensiones bilaterales y de proyectar una postura de Estado que trascienda el calendario electoral.

Desde Washington, la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que en el caso más reciente —la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston el 7 de julio— el migrante “utilizó su vehículo como arma” contra un agente del ICE. Sin embargo, los tres acompañantes que viajaban con él contradicen esa narrativa, y la propia Sheinbaum afirmó que las imágenes del suceso generaron indignación en México. De los 17 fallecimientos documentados, 14 ocurrieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos en calle. El Gobierno mexicano ha solicitado además medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de reforzar la protección de los connacionales bajo custodia.

La ofensiva legal se produce en un contexto de creciente fricción bilateral. En meses recientes, la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano sin autorización expresa y la imputación por parte del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa y otros exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico tensaron la relación. Pese a ello, Sheinbaum subrayó que la defensa de los derechos humanos no busca generar conflicto con la administración de Donald Trump, sino cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos en el exterior. Las denuncias ya fueron admitidas a trámite y se espera que en las próximas semanas las fiscalías estadounidenses definan si abren investigaciones formales, mientras el Senado mexicano dará seguimiento a la atención consular y al avance de los procesos.