El Gobierno de México formalizó el lunes una ofensiva legal en Estados Unidos y ante organismos internacionales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos —14 bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y tres durante operativos migratorios—, entre ellos el caso de Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente federal en Houston. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la presentación de denuncias penales ante el Departamento de Justicia estadounidense y ante las fiscalías de los estados donde ocurrieron los decesos, así como el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención como el de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro personas mexicanas. En paralelo, el canciller Roberto Velasco dirigió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que su oficina recabe información, analice la compatibilidad de los hechos con las obligaciones internacionales de Washington y formule recomendaciones.

Desde la óptica de la capital mexicana, la decisión responde a un agotamiento de la vía diplomática tradicional. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “no basta con intercambios diplomáticos si estos no han dado resultados” y convocó a todas las fuerzas políticas a cerrar filas en defensa de los connacionales, aunque criticó a las dirigencias del PAN y del PRI por, a su juicio, anteponer la confrontación interna a la solidaridad con las víctimas. En contraste, el Senado mexicano emitió un pronunciamiento unánime de condena y respaldo a las acciones del Ejecutivo. Fuentes en Washington, por su parte, recuerdan que Estados Unidos no está obligado jurídicamente a actuar sobre las denuncias estatales y que el Departamento de Seguridad Nacional ha justificado los operativos, incluido el uso de la fuerza letal, como actos de legítima defensa de sus agentes.

Los escritos de cese y desistimiento constituyen, según la Cancillería, el primer paso formal hacia eventuales demandas civiles contra los operadores de los centros de detención, a quienes se exige el cese inmediato de prácticas como la denegación de atención médica expedita. La activación simultánea del mecanismo de la ONU introduce un factor de escrutinio multilateral: analistas en Ginebra observan que la solicitud de México podría derivar en un examen del Consejo de Derechos Humanos y en recomendaciones públicas que, aunque no vinculantes, aumentarían la presión política sobre la administración estadounidense en un momento de endurecimiento de su política migratoria.

El contexto bilateral añade capas de complejidad. La relación entre México y Estados Unidos atraviesa una fase de cooperación en materia comercial y de seguridad, pero la ofensiva legal se produce tras un goteo de fallecimientos que, desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos en América Latina, evidencia un patrón de uso desproporcionado de la fuerza y condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales. El caso de Salgado Araujo —un trabajador de la construcción con 35 años de residencia en Estados Unidos y sin antecedentes penales— ha catalizado protestas en Texas y reavivado el debate sobre la protección consular. La SRE ha reiterado que las acciones se encuentran en fase de investigación y que el acompañamiento a las familias se mantendrá por la red consular, mientras se espera la respuesta de las fiscalías estatales y el pronunciamiento de la oficina de Türk.