El nuevo gobierno laborista del Reino Unido, encabezado por Andy Burnham, anunció la supresión del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las facturas eléctricas domésticas a partir del 1 de octubre. La medida, presentada como la primera gran decisión de política económica del mandatario, se financia íntegramente con la cancelación del programa de identidad digital heredado de la administración de Keir Starmer, valorado en 1.800 millones de libras. Según estimaciones oficiales, la rebaja reducirá el límite máximo de precios que fija el regulador Ofgem en aproximadamente 45 libras anuales por hogar, un alivio que las compañías eléctricas deberán trasladar a los consumidores.

Desde la óptica de Westminster, la velocidad del anuncio —apenas 24 horas después de la toma de posesión— busca proyectar un quiebre con la parálisis política que Burnham atribuyó a su predecesor. El nuevo canciller del Exchequer, John Healey, enmarcó la decisión en la necesidad de ofrecer “un respiro” a las familias ante la crisis del costo de vida y afirmó que contribuirá a moderar la inflación. Analistas en Londres observan que la eliminación del IVA eléctrico, aunque modesta en su impacto individual, representa una señal de giro hacia un intervencionismo fiscal selectivo, en contraste con la ortodoxia que caracterizó a la era Starmer.

La reconfiguración del gabinete acompañó el anuncio con una purga de figuras clave del anterior ejecutivo. La salida de la ex canciller Rachel Reeves, del ex viceprimer ministro David Lammy y de otros aliados de Starmer fue compensada con el ascenso de perfiles como Wes Streeting en Defensa, Ed Miliband en Exteriores y Angela Rayner en Vivienda. Desde la perspectiva de analistas europeos, la recomposición del equipo de gobierno sugiere un intento de reconciliar las alas del laborismo en torno a un programa que combina alivio inmediato a los hogares con una revisión del gasto público, simbolizada en el abandono del polémico sistema de identidad digital que un comité parlamentario multipartidista había calificado de “fiasco”.

La medida entrará en vigor en coincidencia con el ajuste trimestral del tope de precios energéticos, un momento que los hogares británicos enfrentan con incertidumbre de cara al invierno. El gobierno ha precisado que la financiación corresponde al presente ejercicio fiscal, sin comprometer partidas futuras. El próximo hito será la publicación del dato de inflación de septiembre, que permitirá evaluar si la reducción del IVA se traduce en el efecto desinflacionario anticipado por el Ejecutivo, mientras los mercados observan la reacción de las comercializadoras ante la obligación de repercutir el ahorro.