Un tribunal federal de Nueva York programó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por delitos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La decisión, adoptada por el juez Alvin Hellerstein a petición conjunta de la fiscalía y la defensa, establece además una audiencia para el 17 de noviembre de 2026 en la que se debatirán las mociones previas, incluida la impugnación de la legalidad de la captura de la pareja. Ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fuerzas especiales estadounidenses los extrajeran de su residencia en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026, en una operación que combinó medios navales, aéreos y terrestres.

Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y Flores conspiraron con grupos armados y carteles para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, valiéndose de la estructura del Estado venezolano. El exmandatario enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está imputada por tres delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se han declarado no culpables. Durante su primera comparecencia, Maduro se definió como “prisionero de guerra” y sostuvo que su detención constituyó un “secuestro”. La defensa, encabezada por Barry Pollack, ha anunciado que solicitará el archivo del caso alegando inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado, y cuestionará la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Desde la óptica de Washington, la operación militar que condujo a la captura fue una acción legítima de aplicación de la ley contra un fugitivo imputado desde 2020. Un dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia sostuvo que el presidente Donald Trump podía ordenar la misión sin autorización del Congreso por tratarse de un interés nacional que no equivalía a un acto de guerra. En paralelo, la administración estadounidense ha reconocido a la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela y ha flexibilizado sanciones petroleras, lo que según analistas en América Latina ha facilitado una cooperación inédita entre Caracas y Washington en materia energética y financiera. El Departamento de Estado solicitó además inmunidad para Rodríguez en una demanda civil en Florida, argumentando su estatus de jefa de Estado en funciones.

El proceso contra Maduro se desarrolla en un contexto de reconfiguración de las relaciones hemisféricas. Mientras que en las afueras del tribunal de Manhattan se congregaron tanto partidarios que exigían su liberación como opositores que lo calificaban de dictador, en Venezuela el gobierno interino ha iniciado un diálogo para una transición democrática, según confirmó el senador estadounidense Marco Rubio. La defensa prevé presentar una segunda ronda de mociones a principios de 2027, una vez que la fiscalía entregue pruebas clasificadas. Si el juez rechaza los argumentos de inmunidad y legalidad de la captura, el juicio oral comenzará en la fecha fijada y podría prolongarse durante meses, con una posible condena a cadena perpetua como horizonte para los acusados.