El Consejo de Ministros italiano ha decidido que los viejos documentos de identidad en papel seguirán siendo válidos hasta su fecha de caducidad natural, frenando así la obligación de sustituirlos por la Carta de Identidad Electrónica (CIE) antes del 3 de agosto de 2026. La medida, adoptada en un clima de creciente presión sobre las administraciones locales, responde a los cuellos de botella que miles de ciudadanos estaban sufriendo en los municipios para obtener el nuevo formato digital. Según fuentes gubernamentales en Roma, la prórroga permitirá que los documentos de identidad cartáceos aún vigentes sigan utilizándose para trámites con la administración pública y servicios esenciales, mientras los ayuntamientos ganan tiempo para modernizar sus sistemas de emisión. Además, se contempla la posibilidad de expedir documentos provisionales en aquellos casos en que la CIE no pueda entregarse de inmediato.

Desde Bruselas, el panorama no es más alentador. La puesta en marcha del nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea, que exige el registro biométrico de huellas dactilares y fotografía facial a los viajeros de terceros países al ingresar al espacio Schengen, está generando colas de hasta seis horas en aeropuertos de Portugal, España e Italia. Frontex, la agencia europea de fronteras, ha advertido que los Estados miembros podrán suspender temporalmente el sistema este verano si los tiempos de espera se vuelven inmanejables. La medida, pensada como válvula de seguridad, refleja la tensión entre la ambición digital del bloque y la realidad operativa de sus infraestructuras fronterizas.

En Suiza, la identidad digital tampoco avanza al ritmo previsto. El proyecto estrella del Gobierno federal para lanzar una E-ID este otoño se ha topado con un grave problema de protección de datos vinculado al uso del número de la seguridad social (AHV). Tras el rechazo en referéndum de una primera versión en 2021, las autoridades de Berna admiten ahora que la implantación se retrasará probablemente hasta 2027, y que incluso entonces no todas las aplicaciones estarán listas. El caso helvético ilustra cómo las garantías de privacidad, exigidas por una ciudadanía especialmente celosa de sus datos, pueden frenar incluso los proyectos digitales más emblemáticos.

Para los viajeros latinoamericanos y españoles, la maraña normativa añade una capa adicional de precaución. Las autoridades consulares recuerdan que un pasaporte vigente no siempre basta para cruzar una frontera: la mayoría de los países exigen que el documento mantenga una validez adicional de entre tres y seis meses más allá de la fecha prevista de salida del destino. En el caso del espacio Schengen, el Ministerio de Asuntos Exteriores español insiste en que el pasaporte debe ser válido hasta al menos tres meses después de la salida y haber sido expedido en los últimos diez años. Incumplir cualquiera de estos requisitos puede significar la denegación de embarque, incluso si el documento no ha caducado técnicamente.

La confluencia de estos episodios dibuja un continente en plena transición identitaria, donde la digitalización promete eficiencia pero choca con la realidad administrativa, la protección de datos y la preparación tecnológica. Mientras Italia da marcha atrás para evitar el colapso, Bruselas ensaya suspensiones de emergencia y Suiza pospone lanzamientos, el ciudadano de a pie asiste a una modernización que avanza a trompicones. La lección compartida es que la identidad digital, para ser fiable e inclusiva, requiere más pedagogía, inversión y flexibilidad que un simple cambio de formato.