Bajo un sol de plomo, la marea humana avanzaba desde la Bastilla hacia Nation. Entre pancartas y música de Angèle, sobresalía la voz quebrada de Eline, una liceana de 17 años. “El policía me dijo que no era violación, que podía arruinar la vida de ese hombre; me hizo sentir culpable y puso en duda todo lo que decía”, relató a la prensa, mientras familias enteras con niños coreaban “La verdad sale de la boca de los niños” y “¿160.000 niños, qué hacéis?”. Aquel sábado 4 de julio, París y otras 110 ciudades francesas se convirtieron en un clamor colectivo contra la violencia sexual, el mayor que recuerda el feminismo galo.

La chispa fue el caso de Lyhanna, una niña de 11 años violada y asesinada en la localidad de Fleurance, cuyo cuerpo apareció el mes pasado. El principal sospechoso, un hombre de 41 años, ya había sido acusado formalmente dos veces por violación de menores, pero las investigaciones se habían archivado o estancado. La revelación de esos fallos sucesivos encendió la ira nacional. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se negó a dimitir, aunque pidió disculpas por un “fracaso colosal”. Desde París, la indignación se tradujo en una consigna: no más protección a los agresores.

En el corazón de las protestas late una exigencia concreta: una ley marco integral contra las violencias sexuales, inspirada en el modelo español y articulada en 140 medidas que abarcan prevención, tratamiento judicial y acompañamiento a las víctimas. Un centenar de diputados, principalmente de izquierda y de la coalición gubernamental, ya ha firmado una propuesta de 78 medidas, cuyo examen parlamentario está previsto para el otoño. Las asociaciones, que han pasado de 130 a 180 en pocas semanas, rechazan tanto las medidas punitivas aisladas como las propuestas de la derecha radical —castración química, perpetua real o restablecimiento de la pena de muerte— y exigen un abordaje sistémico que reconozca el carácter patriarcal de estas violencias.

Los datos dibujan un sistema judicial desbordado: el 94% de las denuncias por violación se archivan sin consecuencias, y un informe gubernamental de 2022 reveló que en el 70% de los casos los investigadores no buscaron pruebas digitales tras interrogar al sospechoso. “No podemos aceptar una justicia infradotada que protege a los agresores y no a las víctimas”, declaró Anne-Cécile Mailfert, presidenta de la Fondation des Femmes. El presidente Emmanuel Macron expresó su temor a una pérdida de confianza en las instituciones, mientras cada lunes, frente a tribunales y ministerios, decenas de personas mantienen vigilias con la misma insistencia: “Pour Lyhanna, on n’oublie pas!”

La imagen que perdura es la de una marea intergeneracional que une a madres, padres, jóvenes y colectivos antes dispersos —feministas, sindicatos, asociaciones de discapacidad y migrantes— en una alianza inédita. La consagración de esa convergencia fue la presencia de familias que, como la de Eline, ya no están dispuestas a callar. En las calles de Francia, el grito “Pour Lyhanna, on n’oublie pas!” se alzó como una promesa que no admite archivo.