La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) ha cancelado de forma definitiva la subvención de dos millones de euros que otorgaba a la Fundación La Biennale di Venezia. La decisión, adoptada tras una evaluación jurídica y una recomendación de la Comisión Europea, responde a la reapertura del pabellón ruso en la 61ª Exposición Internacional de Arte, la primera participación de Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. El portavoz comunitario Thomas Regnier vinculó la medida a la obligación de que los eventos financiados con fondos públicos europeos salvaguarden los valores democráticos, el diálogo abierto y la libertad de expresión, principios que, según Bruselas, no se respetan en la Rusia actual.

Desde la óptica de la Comisión, la presencia rusa podía contravenir el reglamento de sanciones al tratarse de un pabellón financiado por el Estado ruso. La mayoría de los Estados miembros de la UE habían expresado su oposición mediante una carta de protesta, aunque Italia no la suscribió. El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, manifestó su desacuerdo con la apertura, pero subrayó la autonomía estatutaria de la Bienal. La Fundación, presidida por Pietrangelo Buttafuoco, defendió la participación como un gesto de “diplomacia de la belleza” y sostiene que el pabellón, cerrado al público general y con una instalación visible solo en una pantalla exterior, no viola las restricciones europeas.

La Bienal ha reaccionado minimizando el impacto financiero y anunciando acciones legales. En un comunicado, precisó que la subvención revocada cofinanciaba actividades del sector de cine —el Biennale College Cinema y el Venice Production Bridge— y que “nada tienen que ver con la participación de Rusia en la Bienal de Arte”. La institución asegura que la pérdida no afecta de manera significativa su presupuesto ni su programación, y adelantó que hará valer sus razones ante la justicia europea, probablemente mediante un recurso de anulación. La subsecretaria italiana de Cultura, Lucia Borgonzoni, respaldó esa vía judicial, mientras que sectores de la oposición criticaron al gobierno de Giorgia Meloni por no haber defendido a la Bienal frente a Bruselas.

Kiev y la disidencia rusa habían denunciado con dureza la reapertura. El gobierno ucraniano recordó que Rusia ha destruido miles de bienes culturales durante la guerra y señaló que la curadora del pabellón, Anastassiya Karneyeva, es hija de un directivo del conglomerado estatal de defensa Rostec. Moscú, por su parte, interpreta la participación como el fin de su aislamiento cultural en Occidente. La polémica no ha mermado la afluencia de público: según fuentes venecianas citadas por la prensa italiana, las visitas en los dos primeros meses crecieron un 20 % respecto a la edición anterior. El litigio ante los tribunales de la UE se perfila como el próximo capítulo de un conflicto que entrelaza la autonomía cultural, la política de sanciones y la disputa simbólica en torno a la guerra.