Los representantes permanentes de los Veintisiete se reúnen este miércoles en Bruselas con la presión de alcanzar un consenso sobre el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia antes de que expire, el jueves, la congelación temporal del precio máximo del crudo ruso. Si no hay acuerdo, el tope pasaría automáticamente de 44 a 58 dólares por barril, un incremento que, según los análisis manejados por la Comisión Europea, supondría un alivio financiero significativo para Moscú. El paquete, que incluye la inclusión de unas 215 personas y entidades —entre ellas 94 instituciones financieras—, busca estrangular aún más los flujos comerciales y bancarios rusos, pero la oposición de Grecia a las cláusulas sobre gas natural licuado (GNL) mantiene la negociación en un punto muerto.

Desde Atenas se argumenta que prohibir el transporte de GNL ruso a terceros países no reduciría los ingresos de Rusia, sino que simplemente desplazaría la cuota de mercado hacia operadores extracomunitarios, perjudicando a la flota mercante griega, una de las mayores del mundo en este segmento. Fuentes diplomáticas europeas confirman que la resistencia no se limita a Grecia: Alemania y Portugal rechazan el veto a las importaciones de pescado ruso; Francia e Italia proponen suavizar las restricciones de visados para militares rusos; y Austria reclama el desbloqueo de activos rusos por valor de unos 2.000 millones de euros para compensar una multa impuesta por Moscú a Raiffeisen Bank. La fragmentación de posiciones ha llevado a que se barajen tres salidas: un período de transición de 24 meses para el GNL, la supresión completa de ese apartado o, en el peor de los escenarios, la retirada de todo el paquete.

El Kremlin ha reaccionado con dureza a las dificultades europeas. El portavoz Dmitri Peskov calificó las sanciones de “absolutamente ilegales” desde el derecho internacional y afirmó que “no existe un límite para la locura”. Según la lectura de Moscú, los paquetes anteriores ya causaban un daño indirecto multimillonario a los contribuyentes y empresas europeos, pero las medidas que ahora se discuten “golpearán directamente los intereses de varios países de la UE”, lo que explica las contradicciones internas. En paralelo, Peskov reiteró que las condiciones rusas para poner fin al conflicto —retirada ucraniana de cuatro regiones y renuncia a la OTAN— siguen vigentes, en un momento en que Kiev afronta cambios en la cúpula militar.

El nuevo paquete de sanciones aspira a cerrar las brechas que aún permiten a entidades rusas eludir las restricciones financieras, en particular mediante bancos regionales y redes de criptomonedas. Un informe de inteligencia de un país europeo, citado por fuentes comunitarias, advertía en junio del riesgo de una crisis bancaria “explosiva” en Rusia si se aplicaban medidas adicionales. Sin embargo, la urgencia inmediata es el precio del petróleo: el mecanismo de tope, reformado el año pasado para seguir las oscilaciones del mercado, se mantiene congelado de forma temporal hasta el 23 de julio. La reunión de embajadores de hoy es decisiva; si no se logra la unanimidad requerida, el límite subirá automáticamente, otorgando a Moscú un respiro económico que Bruselas quiere evitar a toda costa.