Los representantes permanentes de los Veintisiete no lograron el miércoles la unanimidad necesaria para aprobar el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, cuyo plazo vencía el 15 de julio. Para evitar que el mecanismo de tope al precio del crudo ruso se debilitara de forma automática —habría saltado de 44 a unos 58 dólares por barril al recalcularse según la fórmula vinculada al mercado—, los embajadores acordaron congelarlo en el nivel actual hasta el 23 de julio. La decisión, confirmada por fuentes diplomáticas en Bruselas, otorga una semana adicional de negociaciones sobre un expediente que la Comisión Europea había presentado como un refuerzo sustancial de la presión económica sobre el Kremlin.

El principal escollo procede de Atenas, que bloquea las restricciones al transporte de gas natural licuado (GNL) ruso. Según informaciones recogidas por la prensa financiera internacional, el Gobierno griego advirtió de que las medidas propuestas “arruinarían” a la naviera Dynagas, operadora de 27 gaseros, un tercio de ellos de clase ártica diseñados para la planta Yamal LNG. Paralelamente, Bulgaria mantuvo hasta última hora su oposición a incluir al patriarca Kiril en la lista negra; Francia, España e Italia suavizaron la prohibición de visados a veteranos de la guerra para no dañar los flujos turísticos; y Alemania, Polonia y Portugal defendieron los intereses de su industria pesquera frente al veto a las importaciones de bacalao, abadejo y eglefino. Austria, por su parte, condicionó su apoyo a la movilización de 2.000 millones de euros de activos rusos congelados.

Desde la óptica de Bruselas, el bloqueo revela una tendencia que el ministro de Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, calificó de “peligrosa”: un número creciente de Estados miembros antepone sus intereses económicos nacionales a la disciplina sancionadora común. El contexto geopolítico acentúa la presión, ya que la Unión Europea se ha convertido en el principal foco de coerción económica sobre Moscú tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que congeló la ayuda militar a Ucrania y retiró a Washington de los esquemas de sanciones coordinadas del G7. Mientras los diplomáticos discuten nuevas penalizaciones, datos de la organización alemana Urgewald indican que los puertos comunitarios recibieron el 97 % de los cargamentos de GNL despachados desde Yamal en el primer semestre de 2025, por un valor cercano a los 6.000 millones de euros, lo que subraya la contradicción entre el discurso restrictivo y la dependencia energética.

La presidencia irlandesa del Consejo ha ido retirando capítulos enteros del borrador —como el embargo pesquero— para acercar posiciones, pero el núcleo del desacuerdo sigue intacto. La alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, expresó su confianza en un acuerdo inminente, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a los líderes europeos a no ceder al “cansancio sancionador”. El Coreper reanudará las consultas en los próximos días con la vista puesta en el 23 de julio, fecha en la que expira la prórroga técnica del tope al crudo y en la que se espera una decisión definitiva sobre el paquete.