Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que Ohio puede exigir a plataformas como Instagram el consentimiento parental para usuarios menores de 16 años, revocando una suspensión previa y despejando el camino para la aplicación inmediata de la ley estatal. La decisión, adoptada por dos votos contra uno en el Sexto Circuito con sede en Cincinnati, sostiene que la norma no viola la Primera Enmienda porque impone una “carga marginal” sobre la expresión protegida y se dirige de forma precisa al problema del consentimiento infantil sin supervisión. El fallo se produce en paralelo a la entrada en vigor en Australia de una prohibición total para menores de 16 años y a la decisión del Consejo de Ministros de Emiratos Árabes Unidos de vetar el acceso a redes sociales a los menores de 15, otorgando a las compañías un plazo de doce meses para implementar sistemas de verificación de edad.

Desde Washington, la asociación industrial NetChoice —que integra a Meta, TikTok, Alphabet y otras firmas— calificó el fallo como una amenaza a la privacidad y a los derechos constitucionales, y anunció que continuará litigando hasta lograr la anulación definitiva de la ley de Ohio. En contraste, el fiscal general de ese estado, Andy Wilson, afirmó que la decisión “da a los padres herramientas para involucrarse y supervisar”. En el Golfo Pérsico, el presidente de la Autoridad Nacional de Medios emiratí, el jeque Abdulla Al Hamed, enmarcó la prohibición en una estrategia más amplia de protección de la identidad nacional y de lucha contra la desinformación, mientras que el Ministerio de Defensa subrayó la importancia de una narrativa mediática controlada para preservar la estabilidad social. En África Occidental, la organización Child Rights International de Ghana solicitó al gobierno que restrinja el acceso a menores de 17 años, tras un estudio que reveló que el 80 % de los niños pasa entre dos y siete horas diarias frente a pantallas, a menudo sin supervisión y expuesto a contenido sexual y mensajes inapropiados.

La verificación de edad emerge como el principal desafío técnico y jurídico. La resolución emiratí detalla que las plataformas deberán emplear identificación oficial digital, estimación biométrica por inteligencia artificial o proveedores externos autorizados, y prohíbe la simple autodeclaración de fecha de nacimiento. Analistas en Bruselas recuerdan que el Reglamento General de Protección de Datos europeo ya impone restricciones a la recogida de datos de menores, y que el Reino Unido ha aprobado una Ley de Seguridad en Línea con obligaciones exigibles. En el Mediterráneo oriental, un legislador libanés presentó una propuesta para prohibir el acceso a menores de 14 años, aunque expertos locales advierten que la aplicación efectiva requeriría forzar a las grandes tecnológicas mediante sanciones, dado el uso extendido de redes privadas virtuales para eludir bloqueos geográficos.

El movimiento legislativo se sustenta en un consenso científico y político cada vez más amplio sobre los efectos adversos del uso intensivo de redes sociales en la salud mental infantil, que incluyen ansiedad, depresión y exposición a explotación sexual. Desde Canberra, el embajador australiano en Líbano, Tom Wilson, describió la medida como una deuda con las generaciones futuras para preservar espacios de desarrollo libres de la dominación de las pantallas. El dossier permanece abierto: en Ohio se esperan nuevos recursos judiciales; en Emiratos, las plataformas disponen hasta mediados de 2027 para adaptar sus sistemas; y en Líbano y Ghana los proyectos de ley aún deben superar el trámite parlamentario.