La cumbre de la OTAN en Ankara quedó marcada por el anuncio de contratos de defensa por al menos 50.000 millones de dólares —72.000 millones según un funcionario citado por la prensa australiana—, una cifra que los líderes europeos presentaron como prueba de su respuesta a las exigencias de Washington de aumentar el gasto militar. El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió los datos con escepticismo: en su encuentro con el anfitrión turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó estar “muy decepcionado” con la Alianza y señaló en particular a Reino Unido, Francia, Alemania e Italia por no haber respaldado suficientemente la guerra contra Irán. Trump no descartó nuevas retiradas de tropas de Europa y condicionó su presencia en la cumbre a su relación personal con Erdogan, a quien calificó de “líder muy fuerte”. En paralelo, Washington anunció el levantamiento de sanciones a Turquía impuestas en 2020 por la compra de sistemas antiaéreos rusos y se mostró dispuesto a venderle cazas F-35.

Desde la óptica de Bruselas y otras capitales europeas, los contratos buscan transmitir un mensaje doble: atender la presión de la Casa Blanca y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de la industria estadounidense. Entre los acuerdos destacan 12.000 millones de dólares para drones de nueva generación, aviones de vigilancia y aeronaves militares, así como la adquisición por once países de sistemas de detección por radar de la sueca Saab en sustitución de un modelo de Boeing, por 5.000 millones. Otros contratos, como la compra de aeronaves Triton de Northrop Grumman por parte de Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega, refuerzan los vínculos con fabricantes estadounidenses. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó de “asombroso” el aumento del gasto europeo y canadiense —634.000 millones de dólares este año, un 11 % más— y reclamó una “revolución” industrial de defensa ante el rearme de Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

Pese a las cifras, la Alianza evidencia fracturas internas. La guerra contra Irán, lanzada por Washington en febrero sin consultar a los aliados, ha agravado las tensiones: según fuentes diplomáticas europeas, varios países permitieron el uso de su espacio aéreo y bases, pero se negaron a participar en operaciones de combate, lo que Trump interpreta como una deslealtad. Al mismo tiempo, el objetivo de destinar el 5 % del PIB a defensa para 2035 —3,5 % en gasto militar directo y 1,5 % en infraestructura— sigue lejos para muchos: Polonia y los países bálticos ya lo superan, pero Bélgica, España, República Checa y Eslovenia apenas alcanzan o no llegan al antiguo umbral del 2 %. Analistas en Bruselas advierten que, incluso si se logra un aumento general, la posibilidad de una retirada parcial de fuerzas estadounidenses obligaría a los europeos a asumir responsabilidades de disuasión convencional para las que aún no están preparados.

En este contexto, la cumbre de Ankara se desarrolla bajo la sombra de un posible rediseño de la arquitectura de seguridad atlántica. Desde la perspectiva de Washington, la prioridad es que los aliados asuman una carga financiera y militar que consideran desproporcionadamente soportada por el contribuyente estadounidense. En las capitales europeas, en cambio, se perfila un escenario de “OTAN más europeizada”, con un peso decisorio creciente de los países del continente pero con la incertidumbre sobre la permanencia del paraguas nuclear estadounidense. La declaración final de la cumbre, deliberadamente reducida para minimizar roces, y la continuación de las reuniones bilaterales definirán en los próximos días si la estrategia de apaciguamiento con cifras y halagos logra preservar la cohesión de una Alianza que, según fuentes diplomáticas, se enfrenta a su prueba de estrés más severa desde el fin de la Guerra Fría.