En menos de dos años, la Administración de Claudia Sheinbaum ha asestado un golpe simbólico y operativo al narcotráfico: decomisos marítimos que superan las 72 toneladas de cocaína, un volumen 4,6 veces mayor que el registrado por la Marina en el arranque de Andrés Manuel López Obrador. Este incremento exponencial, fruto de operativos reforzados en el Pacífico y el Golfo de México coordinados con agencias internacionales, se ha visto acompañado por la neutralización de dos de los cabecillas más buscados. El pasado 22 de febrero, un operativo conjunto de fuerzas especiales mexicanas y la Guardia Nacional, alimentado por inteligencia estadounidense, acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Paralelamente, la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, sucesor potencial del capo, materializó casi una década de seguimiento por parte de Washington, que desde 2016 documentaba rutas, movimientos financieros y placas de tractocamiones vinculados al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia el norte.

La cooperación bilateral ha sido descrita por la zarina antidrogas estadounidense, Sara Carter, como un punto de inflexión inédito. «Les dijimos: aquí está la información, vayan a buscarlos; y lo hicieron», relató, subrayando el cambio frente a la resistencia histórica de gobiernos mexicanos. En Ciudad de México, analistas observan que la presión ejercida por Donald Trump —incluida la amenaza de designar a los cárteles como organizaciones terroristas— ha sido el catalizador de esta reorientación táctica. La detención en Baja California de Alejandro “El JP”, ligado al Cártel de Sinaloa y prófugo por homicidio, sugiere que la purga se extiende también a mandos intermedios, en un contexto donde Washington insiste en depurar a los servidores públicos que facilitan la impunidad.

La ofensiva, sin embargo, ha traspasado las fronteras mexicanas. Un bombardeo quirúrgico estadounidense en Venezuela acabó con Héctor Rusthenford Guerrero, El Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, anunció nuevas acciones bajo el programa Escudo de las Américas, calificándolas de «una cosa militar hermosa». Desde Caracas, el silencio oficial contrasta con la indignación en foros de la Celac, mientras que en Bogotá y Quito el temor a una intervención unilateral se mezcla con el alivio tácito de gobiernos que, como sostiene Hegseth, «buscan a Estados Unidos para derrotar a los narcos». Para Colombia, la caída del Niño Guerrero abre preguntas incómodas sobre las células del Tren de Aragua que han echado raíces en su territorio.

El saldo inmediato es contundente, pero el horizonte plantea dudas. Desde Bruselas, se sigue con atención un modelo que replica la lógica de la «guerra contra las drogas» con herramientas de intervención directa, suscitando recelos en la Unión Europea sobre la erosión de la soberanía latinoamericana. El centro InSightCrime advierte que el tráfico de cocaína está profundamente fragmentado, con facciones y actores dispuestos a ocupar cualquier vacío; la decapitación de líderes, por tanto, rara vez desmantela las estructuras. En Washington, la administración Trump interpreta los resultados como una validación de su enfoque de fuerza, mientras que en Los Pinos el cálculo es más delicado: exhibir eficacia sin subordinación visible. La pregunta, para el hemisferio, es si esta alianza contracorriente logrará contener la dispersión del crimen organizado o si solamente precipitará una nueva generación de capos igualmente cruentos.