El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este lunes al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a dos años de prisión por violar la ley de fondos políticos, al recibir de forma gratuita catorce rondas de sondeos de opinión valorados en 270 millones de wones (unos 180.000 dólares) de un intermediario político entre 2021 y 2022. La sentencia, que puede ser recurrida, establece que Yoon ejerció posteriormente su influencia para favorecer la nominación de un candidato afín al intermediario como contraprestación, un extremo que el exmandatario niega. El tribunal ordenó además el decomiso de casi 14 millones de wones.

La decisión judicial introduce un matiz relevante respecto a fallos anteriores sobre la misma trama. En procesos vinculados a la exprimera dama Kim Keon Hee, los tribunales habían absuelto a la esposa de Yoon al no apreciar una relación de quid pro quo en la recepción de los sondeos. Kim cumple actualmente una condena de siete años por cohecho y otra de cuatro por manipulación bursátil y corrupción, y el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse el jueves sobre su causa en el caso de las encuestas. Desde Seúl, analistas jurídicos interpretan la divergencia de criterios como un reflejo de la complejidad probatoria en delitos de financiación política, donde la línea entre el favor ilegal y la mera cortesía puede ser difusa.

La nueva pena se acumula a un historial judicial excepcionalmente gravoso. Yoon, de 65 años, cumple cadena perpetua —recurrida en apelación— por liderar una insurrección vinculada a su efímera declaración de ley marcial en diciembre de 2024. En causas conexas, un tribunal le impuso treinta años de cárcel por enviar drones a Corea del Norte para “fabricar” una crisis que justificara aquella medida, y la semana pasada el Supremo confirmó otros siete años por obstruir su detención. En total, el exmandatario enfrenta al menos ocho procesos penales. Observadores en Washington y Bruselas señalan que la acumulación de condenas contra un antiguo jefe de Estado subraya la fortaleza de los mecanismos de rendición de cuentas en la democracia surcoreana, aunque también advierten del riesgo de que la judicialización de la política polarice aún más el escenario interno.

Desde capitales del Sudeste Asiático, el caso se inscribe en una tendencia regional más amplia de procesamiento de exdirigentes por corrupción y abuso de poder, que ha alcanzado también a figuras como la exprimera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra o el exprimer ministro paquistaní Imran Khan. Analistas en Yakarta y Kuala Lumpur apuntan que estos procesos, aunque celebrados por sectores reformistas, a menudo reactivan fracturas partidistas y generan dudas sobre la selectividad de la justicia cuando coinciden con cambios de ciclo político. En el caso surcoreano, la oposición conservadora ha denunciado una persecución judicial con motivaciones políticas, mientras el actual gobierno, surgido tras la destitución de Yoon, defiende la independencia del poder judicial.

El expediente de la financiación ilegal no está cerrado. La defensa de Yoon ha anunciado que recurrirá la sentencia de dos años, y el inminente fallo del Supremo sobre Kim Keon Hee podría reconfigurar la interpretación de los hechos. Mientras, el exmandatario continúa en prisión a la espera de que se resuelvan los recursos contra la cadena perpetua y el resto de condenas, en un proceso que, según fuentes judiciales en Seúl, se prolongará durante meses y mantendrá a la política surcoreana bajo la sombra de su pasado inmediato.