El Tribunal de Apelación de París confirmó este martes la condena por malversación de fondos públicos europeos contra Marine Le Pen, líder de la formación ultraderechista Agrupación Nacional, pero modificó las penas de modo que la política queda legalmente habilitada para competir en las elecciones presidenciales de abril de 2027. La corte impuso tres años de prisión —dos en suspenso y uno de cumplimiento efectivo bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica—, una multa de 100.000 euros y 45 meses de inhabilitación para cargos públicos, de los cuales 30 quedan suspendidos. Dado que el período firme de 15 meses se descuenta desde la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2025, el tribunal considera extinguida la restricción electoral. Sin embargo, la obligación de portar un brazalete electrónico durante un año introduce un obstáculo logístico y político que la propia Le Pen había calificado de incompatible con una campaña presidencial.

La decisión judicial estuvo atravesada por un razonamiento explícito sobre el equilibrio entre la sanción penal y los principios democráticos. La presidenta del tribunal, Michèle Agi, subrayó que las penas de inelegibilidad fueron ponderadas a la luz de “la libertad de las candidaturas” y “la libre elección de los electores”, condición de la expresión democrática. Desde la óptica de las instituciones europeas, el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, valoró la confirmación de la culpabilidad como una ratificación del desvío de dinero de los contribuyentes y planteó la pregunta de si un candidato condenado de forma definitiva puede aspirar a la jefatura del Estado. En el plano político francés, la defensa de Le Pen se declaró parcialmente satisfecha y puso el acento en la libertad de los votantes, mientras que dirigentes de la izquierda, como la diputada Danielle Simonnet, calificaron a la líder de “delincuente” y exigieron que no se presente.

El fallo mantiene en vilo la configuración de la campaña electoral. Todos los sondeos sitúan a la extrema derecha como primera fuerza en intención de voto para la primera vuelta, con guarismos que oscilan entre el 31 % y el 36 %, y tanto Le Pen como el actual presidente del partido, Jordan Bardella, de 30 años, aparecen como favoritos. Algunas encuestas recientes incluso otorgan a Bardella una ligera ventaja sobre su mentora. Si Le Pen renunciara a la candidatura, el joven dirigente asumiría el liderazgo de la candidatura, un escenario que la formación llevaba meses preparando. Con todo, la legislación francesa permite solicitar una reducción de la pena de vigilancia electrónica a la mitad, lo que posibilitaría que Le Pen hiciera campaña sin la tobillera a partir de enero de 2027, siempre que el juez de ejecución lo autorice.

El origen del proceso se remonta al sistema de empleos ficticios de asistentes parlamentarios europeos que funcionó entre 2004 y 2016, mediante el cual el entonces Frente Nacional desvió aproximadamente 2,8 millones de euros de fondos de la Eurocámara para sufragar gastos del partido en Francia. En primera instancia, en marzo de 2025, Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación con ejecución inmediata, lo que bloqueó su camino al Elíseo y desató acusaciones de “caza de brujas” por parte de la dirigente. El tribunal de apelación consideró los hechos graves pero descartó el enriquecimiento personal. La líder ultraderechista tiene previsto anunciar su decisión definitiva en una entrevista televisiva en TF1 a las 20:00 horas, mientras que la posibilidad de un recurso ante el Tribunal de Casación —que revisaría la correcta aplicación del derecho sin reabrir el juicio— queda abierta y podría prolongar la incertidumbre jurídica hasta las vísperas de los comicios.