La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo, al considerarlo autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. El tribunal determinó que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia, adjudicado a Sánchez en 2017, fue creado sin justificación administrativa y posteriormente modificado para adaptarse a su interés personal por la ópera. La sentencia, que también impone nueve años de inhabilitación a otros nueve exfuncionarios de la Diputación y dieciocho años al expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, absolvió a todos los acusados del delito de tráfico de influencias, el cargo más grave que se les imputaba.

Desde el Ejecutivo español, la ministra portavoz, Elma Saiz, expresó la confianza del Gobierno en que “instancias superiores” constaten la inocencia de David Sánchez cuando se resuelva el recurso contra un fallo que, subrayó, se originó a partir de una denuncia de una organización calificada por el oficialismo como “ultraderechista”. En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, calificó la resolución de “auténtica barbaridad” y la enmarcó en una estrategia de acoso judicial contra el entorno del presidente. En contraste, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la condena demuestra que “nadie está por encima de la ley” y reclamó la dimisión de Pedro Sánchez, mientras que desde Vox se calificó al Gobierno de “mafia” y se denunció un patrón de colocación de familiares en la administración.

Para analistas políticos en Madrid, la sentencia añade un nuevo frente de desgaste a un Ejecutivo que gobierna en minoría parlamentaria y que ya enfrenta otras causas judiciales de alto perfil. En los últimos meses, el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por corrupción, el exlíder del PSOE extremeño Santos Cerdán está siendo investigado y la esposa del presidente, Begoña Gómez, se encuentra próxima al banquillo por presunto tráfico de influencias. Observadores en Bruselas señalan que la acumulación de procesos contra el círculo íntimo del jefe de Gobierno podría erosionar la credibilidad de España en los foros comunitarios, aunque el Ejecutivo insiste en que ninguna de las causas involucra directamente al presidente.

La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida ante instancias superiores. La Fiscalía había solicitado la absolución de David Sánchez, y el tribunal no consideró probado que se ejercieran presiones específicas sobre los responsables de la contratación, lo que deja abierta la vía de la apelación. Mientras el PSOE defiende que los hechos se remontan a 2016, antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia, la oposición mantiene su ofensiva parlamentaria y exige explicaciones en el Congreso. Se espera que la defensa presente el recurso en las próximas semanas, en un contexto de creciente polarización institucional.