La fiscalía del condado de Bács-Kiskun, con apoyo de la autoridad tributaria, irrumpió sin previo aviso en el centro de datos que alberga los servidores del partido Fidesz y procedió a incautar sistemas de comunicación y bases de datos. La acción se enmarca en una investigación por el presunto uso irregular de 17 000 millones de florines (unos 53 millones de dólares) del Fondo Nacional de Cultura durante la administración de Viktor Orbán. Seis exfuncionarios y cargos actuales han sido imputados por malversación, aunque niegan los hechos.

Fidesz denunció el operativo como “una escalada del autoritarismo” y sostuvo que no existía un precedente similar desde el fin del comunismo en 1990. El portavoz del partido, Bertalan Havasi, acusó al nuevo gobierno de centroderecha de intentar paralizar a la oposición por vías judiciales. El primer ministro Péter Magyar, líder de la formación Tisza, confirmó las diligencias y afirmó esperar información oficial de la fiscalía, en línea con su promesa electoral de perseguir la corrupción endémica que, según organismos de control, caracterizó los 16 años de gobierno de Orbán.

La redada se produce tras la victoria de Tisza en las elecciones parlamentarias del 12 de abril de 2026, en las que obtuvo el 53 % de los votos y 138 de los 199 escaños, una supermayoría que le permite modificar la constitución. Desde su investidura en mayo, Magyar ha destituido a numerosos cargos afines a Orbán —incluido el presidente de la República—, ha disuelto la Oficina de Protección de la Soberanía y ha impulsado una enmienda constitucional para nombrar a un nuevo jefe de Estado. Desde Bruselas, estas medidas son observadas como un intento de restaurar los estándares democráticos tras años de fricciones por el Estado de derecho. Sin embargo, la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, acusó a Magyar de “violar gravemente las reglas de la democracia”, lo que evidencia una fractura en el espectro conservador europeo.

En paralelo, la contratación del exministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó por parte del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD ha reavivado las alarmas en las capitales europeas. Szijjártó, estrecho aliado de Orbán, está siendo investigado por la filtración de discusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según revelaron grabaciones telefónicas difundidas por el medio ruso The Insider. La legislación china obliga a las empresas privadas a entregar información al Estado en asuntos de seguridad nacional, lo que, según analistas en Bruselas, plantea el riesgo de que datos sensibles de la Unión hayan podido ser transferidos a Pekín. El primer ministro Magyar calificó las sospechas de “traición” y anunció que las autoridades investigan el caso, mientras la Eurocámara sigue de cerca un episodio que combina las viejas lealtades geopolíticas de la era Orbán con los nuevos capítulos de la transición húngara.