El Tribunal del Distrito Central de Seúl sentenció a Kim Keon Hee, esposa del destituido presidente Yoon Suk Yeol, a siete años de prisión por recibir dádivas de alto valor a cambio de influir en designaciones de cargos públicos. La sentencia se acumula a una condena previa de cuatro años por manipulación de acciones y soborno, lo que eleva su pena total a once años de reclusión. La corte determinó que entre marzo y septiembre de 2022, cuando su esposo ya ejercía la presidencia, Kim aceptó un collar de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany, pendientes de Graff y un reloj Vacheron Constantin, entre otros objetos valorados en unos 300 millones de wones, de un empresario de la construcción, un político y un comerciante de perros robot. El fallo, transmitido en vivo, subrayó que la acusada “no dudó en recibir objetos de un tipo que un ciudadano medio difícilmente podría adquirir ni una vez en la vida” y que utilizó su posición como primera dama para satisfacer intereses personales.

La defensa de Kim anunció que apelará la decisión, sosteniendo que, si bien se recibieron los regalos, no existió un vínculo explícito con favores concretos. La fiscalía especial, que había solicitado siete años y medio, valoró positivamente el veredicto. En paralelo, el tribunal impuso penas suspendidas a los empresarios que entregaron los obsequios y una multa al religioso que le obsequió un bolso Dior. Kim ya había sido condenada en abril por un caso separado de corrupción bursátil y enfrenta otro proceso por su presunta colaboración con la Iglesia de la Unificación para influir en las primarias del partido gobernante de cara a las elecciones de 2022.

Desde Seúl, analistas jurídicos señalan que la condena se inscribe en la ola de investigaciones desatada tras la fallida declaración de ley marcial por parte de Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024. El exmandatario cumple cadena perpetua por insurrección y la fiscalía ha vuelto a pedir para él la pena de muerte. La sentencia contra la ex primera dama, junto con las condenas a exministros como Park Sung-jae, profundiza la crisis institucional y reaviva el debate sobre la permeabilidad de la élite política a las redes de influencia. Observadores latinoamericanos trazan paralelismos con escándalos como el de Odebrecht, donde también se investigó a primeras damas, aunque destacan la celeridad del sistema judicial surcoreano para juzgar a la cúpula del poder.

El caso de Kim Keon Hee no es un hecho aislado en la historia reciente del país. La justicia surcoreana ya había condenado a varios expresidentes por corrupción, y el propio padre de la ex primera dama Roh Soh-yeong —el fallecido Roh Tae-woo— fue sentenciado en 1997 por recibir sobornos. En el litigio de divorcio de Roh Soh-yeong con el presidente del grupo SK, el Tribunal Supremo determinó que parte de la fortuna familiar probablemente provenía de esos fondos ilícitos, lo que ilustra cómo las tramas de corrupción presidencial proyectan consecuencias décadas después. La apelación de Kim y los juicios pendientes contra su esposo mantendrán el foco sobre la intersección entre poder político y negocios privados en Corea del Sur durante los próximos meses.