El Parlamento Europeo aprobó el 9 de julio la extensión hasta el 3 de abril de 2028 de la excepción temporal a la directiva ePrivacy, que permite a los proveedores de servicios digitales rastrear de forma automatizada material de abuso sexual infantil en las comunicaciones no cifradas. La decisión se adoptó tras una votación en la que los opositores no alcanzaron la mayoría absoluta necesaria —361 escaños— para rechazar la propuesta del Consejo de la UE, quedándose en 314 votos. Un bloque transversal de 276 eurodiputados, encabezado por el Partido Popular Europeo (PPE) y una parte de los socialdemócratas, respaldó la prórroga, mientras que una enmienda impulsada por el grupo liberal Renew Europe excluyó explícitamente del escaneo a las comunicaciones protegidas por cifrado de extremo a extremo, como las de WhatsApp o Signal.

Desde la óptica de las instituciones comunitarias, la prórroga evita un vacío legal que, según la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, dejaba desprotegidos a los menores tras la expiración de la norma anterior en abril de 2025. El Consejo, donde los Estados miembros habían presionado por mantener la capacidad de rastreo, considera que la medida es una herramienta indispensable para identificar a agresores. En contraste, formaciones como Los Verdes, La Izquierda y los Conservadores y Reformistas Europeos, junto con partidos como Fratelli d’Italia y la Lega, denunciaron una “trampa procedimental” y un “día negro para la democracia”, al haberse utilizado un procedimiento de urgencia que, a su juicio, burló la voluntad mayoritaria del pleno expresada en marzo, cuando el Parlamento rechazó una prórroga sin modificaciones.

La norma restablece el régimen vigente desde 2021, bajo el cual gigantes tecnológicos estadounidenses —como Meta, Google, Microsoft o Snapchat— pueden escanear voluntariamente chats, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube que no estén cifrados de extremo a extremo. Los servicios con cifrado robusto quedan fuera del alcance de la medida, aunque el debate de fondo se centra en la futura regulación permanente contra el abuso sexual infantil en línea (CSAR, por sus siglas en inglés), conocida como “Chat Control 2.0”. En ese expediente, la Comisión Europea y el Consejo defienden la obligación de rastrear incluso los mensajes cifrados, mientras que el Parlamento mantiene una posición de rechazo frontal a cualquier debilitamiento del cifrado.

El desenlace de esta votación profundiza la fractura entre las instituciones europeas y refleja una tensión global entre la protección de la infancia y el derecho a la privacidad. Analistas en Bruselas señalan que el procedimiento excepcional empleado —una solicitud de urgencia del PPE que exigía mayoría absoluta para el rechazo— sienta un precedente controvertido en la dinámica legislativa comunitaria. Mientras, el Consejo dispone ahora de tres meses para refrendar formalmente la prórroga, un trámite que se da por seguro. Las negociaciones del trílogo sobre la normativa permanente continúan estancadas, sin un calendario definido para su adopción.