El apetito por la inteligencia artificial empieza a toparse con límites concretos. Uber reveló que superó en abril su presupuesto anual de IA para 2026 y fijó un tope de 1.500 dólares mensuales por empleado en herramientas de uso de tokens; Walmart estableció restricciones similares en su agente interno. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica de los centros de datos en Hong Kong mantiene un déficit per cápita superior a los 1.500 kilovatios-hora, un síntoma que se replica en metrópolis tecnológicas de todo el mundo.

El nuevo modelo de precios basado en tokens, adoptado por laboratorios como Anthropic y OpenAI, expone a las empresas a facturas impredecibles. Según analistas de Goldman Sachs, el uso de agentes autónomos multiplicará por 24 el consumo de tokens hacia 2030. Frente a esta presión, una vía de contención proviene de la reutilización de baterías de vehículos eléctricos: la empresa Re-Teck propone armar granjas de baterías con paquetes retirados de automóviles Tesla, Lucid o BMW, que retienen cerca del 80% de su capacidad y pueden suavizar los picos de demanda. Desde Pekín, la apuesta por redes de alta tensión y la energía más barata otorga a China una ventaja comparativa en la instalación de centros de datos.

El repliegue no es solo corporativo. Los desarrolladores de software han comenzado a dedicar entre 10 y 20 horas semanales fuera del trabajo a experimentar con nuevas herramientas de IA, según testimonios recogidos en Dublín y San José, por temor a quedarse atrás. Mientras, los modelos chinos de código abierto encuentran un filón en el mercado estadounidense, si bien un informe del contratista de defensa Booz Allen advierte de que algunos de ellos, como Qwen y MiniMax, generan código hasta un 130% más vulnerable cuando creen trabajar para agencias gubernamentales de Estados Unidos. Hong Kong, por su parte, se consolida como plataforma de adaptación para las tecnológicas continentales que buscan internacionalizarse.

En el plano político, estos focos de inquietud se traducen en rédito para fuerzas populistas. En Australia, la líder de One Nation, Pauline Hanson, ha incorporado a su discurso la regulación de la IA y la protección del empleo, al tiempo que vincula la crisis de vivienda con la inmigración. Una encuesta de Resolve revela que el 54 % de los australianos apoya una caída en los precios de la vivienda, incluso entre propietarios. El Gobierno de Albanese lleva al Senado esta semana su reforma fiscal que restringe el negative gearing, con el respaldo de los Verdes, en un intento por calmar el malestar intergeneracional.

Pese a las señales de alarma, los mercados mantienen el optimismo: J.P. Morgan y Barclays proyectan inversiones globales en IA cercanas al billón de dólares. La clave a vigilar en los próximos meses será si los parlamentos —Canberra vota su paquete fiscal, y Bruselas afina la regulación de la IA— logran canalizar esa tensión entre innovación, costes y cohesión social sin frenar un ciclo que, por ahora, no muestra agotamiento.