El líder de la oposición en la India, Rahul Gandhi, fue detenido durante varias horas el martes frente a la residencia oficial del primer ministro Narendra Modi, en una escalada de la crisis política desatada por las filtraciones del examen nacional de ingreso a medicina (NEET) y la posterior represión policial contra manifestantes estudiantiles. Gandhi, junto a su hermana Priyanka y otros dirigentes del Partido del Congreso, había iniciado una sentada para exigir la dimisión de Modi, del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, y del titular de Interior, Amit Shah. La policía los desalojó por la fuerza y los trasladó en autobuses a dependencias policiales, de las que fueron liberados horas después. El episodio paralizó las sesiones parlamentarias y desencadenó protestas de solidaridad en varios estados del país.

Según fuentes del Gobierno indio, el Ejecutivo está dispuesto a debatir en el Parlamento las irregularidades del NEET y las medidas correctivas adoptadas, que incluyen la detención de trece personas por la filtración. Sin embargo, desde la bancada oficialista del Bharatiya Janata Party (BJP) se acusa a la oposición de instrumentalizar a los estudiantes con fines políticos y de haber puesto en riesgo la seguridad del primer ministro al manifestarse sin autorización en una zona de alta protección. La oposición, que agrupa al Congreso, al Samajwadi Party y a otras formaciones, sostiene que el Gobierno se niega a asumir responsabilidades y exige la renuncia del ministro Pradhan como condición para cualquier debate. El movimiento estudiantil Cockroach Janta Party (CJP), que lidera las protestas desde hace semanas, mantiene su exigencia de reformas profundas del sistema de exámenes y se declara dispuesto a dialogar en un lugar neutral, aunque sin renunciar a sus cuatro demandas principales.

Analistas en Nueva Delhi señalan que la crisis ha agravado la polarización política en el tercer mandato de Modi, con el BJP anunciando contramanifestaciones frente a las sedes del Congreso en todo el país. El Parlamento fue suspendido en repetidas ocasiones por los gritos y las interrupciones de ambos bloques, mientras el Tribunal Supremo se negó a examinar de urgencia un recurso contra la actuación policial. En paralelo, el Gobierno inició contactos con el activista Sonam Wangchuk, en huelga de hambre en apoyo a los estudiantes, en un intento por reconducir el conflicto. Las protestas se han replicado frente a embajadas indias en el extranjero, lo que, desde la óptica de observadores internacionales, amplifica la presión sobre un Ejecutivo que hasta ahora había logrado contener el descontento social.

El trasfondo de la crisis es el quebranto de la confianza en el sistema de exámenes de la India, que afecta a millones de aspirantes a médicos y otros profesionales. El CJP, surgido en mayo como un movimiento satírico, ha capitalizado el malestar por repetidos escándalos de filtraciones y por el coste creciente de la educación. La exigencia de dimisión del ministro Pradhan ha sido respaldada incluso por el exministro jefe de Odisha, Naveen Patnaik, cuyo partido regional no forma parte de la alianza opositora, lo que, según fuentes políticas locales, refleja una erosión del consenso en torno a la gestión educativa del Gobierno central. El Ejecutivo insiste en que ya ha presentado un plan para un sistema de exámenes “a prueba de fallos”, pero la oposición replica que sin depuración de responsabilidades políticas el debate carece de credibilidad.

El estado del expediente apunta a un bloqueo prolongado. El Gobierno ha ofrecido una discusión parlamentaria sin condiciones previas, pero la oposición condiciona su participación a las dimisiones. El BJP prepara movilizaciones nacionales para el miércoles, mientras el CJP mantiene su acampada en el monumento Jantar Mantar de la capital. No hay fecha prevista para una votación o un debate formal, y la sesión monzónica del Parlamento continúa lastrada por la imposibilidad de retomar la actividad legislativa ordinaria.