El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que la mera condición de consumidor habitual de marihuana no basta para despojar a un ciudadano de su derecho constitucional a poseer armas de fuego en el domicilio. La decisión, adoptada con nueve votos a favor, anula la aplicación de una ley federal que prohibía la tenencia de armas a cualquier «usuario ilegal» de sustancias controladas, un estatuto que había sido esgrimido para procesar a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. El juez Neil Gorsuch, redactor de la opinión mayoritaria, subrayó que el gobierno no logró demostrar que el acusado —un texano que fumaba marihuana cada dos días y guardaba una pistola para defensa personal— representara una amenaza real. Sin embargo, el fallo deja intacta la facultad de desarmar a personas adictas o intoxicadas en el momento de la posesión, trazando una línea entre el consumo habitual y la peligrosidad concreta.

El caso que originó el pronunciamiento involucró a Ali Hemani, un hombre investigado por presuntos vínculos terroristas que nunca derivaron en cargos formales. Durante un allanamiento, el FBI halló el arma y Hemani admitió su uso regular de cannabis. La fiscalía lo acusó bajo la misma ley que más tarde se aplicaría a Hunter Biden por haber mentido sobre su consumo de drogas al comprar un revólver. La Corte Suprema consideró que desarmar a un individuo únicamente por su historial de consumo, sin evidencia de violencia o dependencia extrema, viola la Segunda Enmienda. En paralelo, un tribunal de apelaciones de Florida declaró inconstitucional la prohibición estatal de que adultos de 18 a 20 años porten armas ocultas, argumentando que si pueden servir en el ejército, también deben gozar del derecho pleno a la autodefensa. Ambos fallos reflejan una tendencia judicial que, tras el precedente Bruen de 2022, exige al gobierno justificar cualquier restricción con una tradición histórica análoga.

Desde la óptica constitucional estadounidense, la decisión refuerza la interpretación individualista de la Segunda Enmienda y limita el poder del Estado para imponer prohibiciones categóricas basadas en perfiles de riesgo no violento. La mayoría conservadora, con el respaldo de las tres juezas progresistas, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de desarmar a adictos o a personas bajo los efectos inmediatos de las drogas, dejando ese debate para futuros litigios. El tribunal de Florida, por su parte, extendió esa lógica a los jóvenes de 18 a 20 años, al considerar que la mayoría de edad confiere la plena pertenencia a la comunidad política y, con ella, el derecho a la autodefensa sin restricciones arbitrarias.

En América Latina, donde los marcos constitucionales no consagran un derecho individual a portar armas con la misma amplitud, la decisión genera perplejidad. Analistas en Ciudad de México y Bogotá observan que, en países como México, Brasil o Colombia, la vinculación entre drogas y armas es un agravante penal y un factor central en las políticas de seguridad ciudadana. La idea de que un consumidor habitual de marihuana pueda invocar un derecho fundamental para conservar su pistola choca con la visión predominante en la región, que prioriza el control estatal sobre las armas para reducir la violencia. En España, expertos jurídicos recuerdan que el modelo europeo subordina la posesión de armas a una licencia administrativa discrecional, donde cualquier indicio de consumo de drogas ilegales inhabilita al solicitante, sin que exista un derecho constitucional equiparable a la Segunda Enmienda.

El fallo podría tener repercusiones inmediatas en el proceso penal contra Hunter Biden, aunque los cargos en su contra incluyen además haber mentido en el formulario de compra, un elemento no abordado por el Tribunal Supremo. Más allá de ese caso, la decisión envía una señal a los tribunales inferiores para que evalúen con mayor rigor las prohibiciones absolutas de tenencia de armas basadas en el estatus de consumidor de drogas. La sentencia de Florida, por su parte, anticipa una ola de impugnaciones a restricciones etarias en otros estados. Mientras la mayoría conservadora del alto tribunal sigue redefiniendo el alcance de la Segunda Enmienda, el debate se traslada ahora a los límites precisos entre la regulación legítima de la peligrosidad y la protección del derecho individual a poseer armas, un equilibrio que las cortes deberán calibrar caso por caso en los próximos años.