Un tribunal penal de la ciudad de Qom, centro neurálgico del clero chií iraní, ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos «correctivos», dos años de inhabilitación para cualquier actividad artística y la prohibición de salir del país. La sentencia, que también alcanza a los músicos Ehsan Beiraqdar y Soheil Faqih Nasiri y a otros seis miembros del equipo de producción, castiga la difusión en YouTube de un concierto virtual de 27 minutos grabado en un caravasar histórico, donde Ahmadi apareció con los hombros descubiertos y sin el velo obligatorio. La artista, de 29 años y graduada en Dirección por la Universidad de Soore, había compartido la actuación a finales de 2024, desafiando de forma explícita dos pilares del código penal islámico vigente en Irán: la imposición del hiyab en espacios públicos y la prohibición de que las mujeres canten en solitario ante audiencias mixtas.

La detención del grupo se produjo poco después de la emisión del vídeo, y los nueve implicados fueron llamados a declarar ante la Fiscalía de Seguridad Moral. La acusación formal los responsabiliza de «atentar contra la decencia pública mediante la producción y publicación de contenidos obscenos e inmorales en plataformas digitales». La dureza de la pena —74 latigazos, una cifra que remite a castigos corporales premodernos— ha sido interpretada por analistas en Oriente Medio como un mensaje disciplinario en un momento de creciente contestación social, especialmente tras las masivas protestas de 2022 desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral. Desde Teherán, el caso se enmarca en una ofensiva más amplia contra artistas y activistas que utilizan las redes sociales para sortear la censura estatal.

La condena ha suscitado reacciones desde distintas latitudes. En América Latina, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han señalado el paralelismo con las luchas por la autonomía corporal en la región, donde países como México o Argentina debaten aún sobre la violencia institucional contra las mujeres. Desde la óptica de Bruselas, la Unión Europea ha reiterado que este tipo de sentencias constituyen una violación flagrante de los derechos culturales y de género, y podrían influir en el endurecimiento de las sanciones diplomáticas contra el régimen iraní. Mientras, en España, la noticia ha reavivado la solidaridad con las artistas persas exiliadas que desde hace décadas denuncian la represión creativa bajo la República Islámica.

La sentencia contra Ahmadi no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de restricciones que el sistema judicial iraní impone a las voces disidentes. La prohibición de ejercer cualquier actividad artística durante dos años equivale a una muerte profesional temporal para una intérprete que construyó su carrera precisamente en el espacio digital, donde el control estatal es más difuso pero la persecución penal se ha intensificado. Observadores internacionales advierten que este fallo podría tener un efecto disuasorio sobre otros creadores que utilizan plataformas como YouTube o Instagram para eludir la censura, al tiempo que refuerza la percepción de un régimen dispuesto a recurrir a castigos corporales para preservar su interpretación de la moral pública. La comunidad artística global, desde festivales europeos hasta redes de músicos latinoamericanos, ha comenzado a movilizarse para visibilizar el caso y exigir la anulación de una sentencia que, en pleno siglo XXI, revive prácticas punitivas medievales.