La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal. Con una mayoría de seis votos contra tres, el tribunal reafirmó que la Decimocuarta Enmienda garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense. Horas después del fallo, la Casa Blanca anunció que estudia restringir el ingreso de mujeres embarazadas extranjeras como una medida para desalentar el llamado “turismo de parto”. El asesor presidencial Stephen Miller afirmó que el gobierno examinará “con detenimiento” quién puede entrar al país, incluso de forma temporal, ante la posibilidad de que un nacimiento otorgue a un hijo la ciudadanía vitalicia y, según su argumento, un acceso directo a beneficios públicos.

Desde el Capitolio, la decisión judicial profundizó la división entre las fuerzas políticas. Legisladores demócratas celebraron el respaldo a un principio constitucional que, en palabras del representante James Clyburn, “es la Constitución misma”. Algunos republicanos, como el representante Byron Donalds, calificaron el fallo de “terrible” y urgieron a regular la entrada de gestantes. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumaron las tres juezas progresistas y dos conservadoras —una de ellas, Amy Coney Barrett, nominada por Trump—, mientras que los magistrados disidentes, entre ellos Samuel Alito, denunciaron el fenómeno de los “turistas del parto” como un riesgo para la seguridad nacional. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, vinculó esa práctica con el presunto robo de propiedad intelectual por parte de ciudadanos estadounidenses criados en el extranjero.

Analistas en América Latina observan el debate con atención, pues la mayoría de los países de la región consagran el derecho de suelo (jus soli) en sus ordenamientos, un legado jurídico que facilitó la integración de generaciones de inmigrantes. La organización de refugiados HIAS, fundada hace más de 140 años en Nueva York, recordó que la ciudadanía por nacimiento fue esencial para que familias judías que huían de persecuciones en Europa y otras regiones pudieran arraigarse sin la precariedad de un estatus condicionado. En paralelo, comunidades asiáticas —en particular de origen chino— han sido señaladas por el discurso oficial como protagonistas del turismo de parto, un eco del caso Wong Kim Ark de 1898, cuando la propia Corte Suprema consolidó el derecho a la nacionalidad de un hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco.

El gobierno de Trump insiste en que la sentencia no cierra el expediente. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró que el presidente sigue “totalmente comprometido con proteger el valor de la ciudadanía estadounidense natural” y ha pedido al Congreso que legisle de inmediato para modificar el criterio de nacimiento. Mientras el Departamento de Justicia anuncia que priorizará las investigaciones de esquemas de turismo de parto, la administración evalúa herramientas ejecutivas adicionales, incluida la prohibición de viaje a mujeres en avanzado estado de gestación. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los primeros proyectos legislativos impulsados por la mayoría republicana, en un debate que pondrá a prueba los límites de la Decimocuarta Enmienda y el alcance de las facultades presidenciales en materia migratoria.