El Gobierno de Estados Unidos anunció el cese definitivo de la recepción de solicitantes de asilo, una medida que, según la Casa Blanca, se sustenta en decisiones recientes de la Corte Suprema. El subjefe de gabinete, Stephen Miller, declaró que «las puertas de América están completamente cerradas para los solicitantes de asilo» y que, en adelante, Washington buscará «otro país en el mundo que los reciba». Miller calificó todas las peticiones de asilo en la frontera suroeste de «falsas» y describió a los migrantes como delincuentes, buscadores de beneficios o migrantes económicos que desean acceder a ayudas sociales.

El anuncio se produjo horas después de que el máximo tribunal estadounidense emitiera dos resoluciones que amplían el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria. La primera permite a la administración revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Siria y Haití, lo que, según estimaciones de la prensa estadounidense, podría afectar a aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que residen legalmente en el país por crisis humanitarias. La segunda restablece la facultad de las autoridades fronterizas de limitar el número de migrantes que pueden presentar solicitudes de asilo en los puertos de entrada, una práctica conocida como «dosificación» que se remonta a la era Obama y que la administración Biden había suspendido.

Desde la óptica de la Casa Blanca, las decisiones judiciales validan una política de «solución simple y elegante» que, en palabras de Miller, incluye instar a los haitianos con TPS a regresar voluntariamente a su país. En el plano legislativo, la senadora Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, calificó los pasos recientes de «desconcertantes» y «políticamente motivados». Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la restricción del asilo en los puntos oficiales podría incrementar los cruces irregulares y elevar el riesgo de muertes de migrantes en zonas inhóspitas.

La ofensiva migratoria se enmarca en el segundo mandato del presidente Donald Trump, quien ha convertido el combate a la inmigración —legal e irregular— en eje de su política interior. Desde enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ampliado sus facultades de deportación masiva, mientras el Ejecutivo impulsa el fin de la ciudadanía por nacimiento y la suspensión de programas de acogida. Analistas en Washington señalan que la administración busca cumplir promesas de campaña respaldadas por una opinión pública mayoritariamente favorable al control migratorio. Se espera que en las próximas semanas el Departamento de Seguridad Nacional emita directrices para ejecutar las revocaciones de TPS y reactive los protocolos de «dosificación» en la frontera con México.