La Oficina del Director de la Fiscalía Pública de Kenia anunció el martes la aprobación de 16 cargos de asesinato contra las estudiantes implicadas en el incendio intencional que destruyó un dormitorio de la Academia Femenina Utumishi, en el condado de Nakuru, el pasado 28 de mayo. Según el comunicado oficial, la decisión se adoptó tras revisar el expediente preliminar remitido por la Dirección de Investigaciones Criminales, y cada una de las acusadas enfrentará 16 imputaciones de homicidio, una por cada víctima mortal. La Fiscalía expresó además su profunda preocupación por el aumento de incendios provocados y otros actos delictivos en centros educativos del país, y advirtió que los responsables rendirán cuentas conforme a la ley. Las sospechosas, nueve alumnas que permanecen bajo custodia policial desde el día siguiente a la tragedia, serán presentadas ante el tribunal en los próximos días.

El siniestro se declaró poco después de la medianoche en un dormitorio que albergaba a 202 internas, en su mayoría hijas de agentes de policía. Las llamas, que según los investigadores se originaron al prender fuego a un colchón cerca de una salida, causaron la muerte de 16 adolescentes de entre 15 y 18 años y dejaron 132 heridas. La investigación preliminar reveló que la matrona del internado no abrió una salida de emergencia, lo que obligó a las alumnas a huir por una única puerta. El Ministerio de Educación keniano ya había suspendido a la directora del centro por incumplir las normas de seguridad contra incendios, y en las semanas posteriores al suceso decenas de internados enviaron a sus estudiantes a casa para prevenir desastres similares.

Analistas en Nairobi y expertos en seguridad escolar de África oriental vinculan la recurrencia de estos episodios a una combinación de factores. Por un lado, señalan un efecto de imitación entre estudiantes, que replica actos incendiarios como forma de protesta o llamada de atención. Por otro, apuntan a años de frustración acumulada frente a un sistema educativo extremadamente exigente y con recursos insuficientes, donde el hacinamiento en dormitorios y la falta de equipos contra incendios son constantes. La Cruz Roja de Kenia reportó que solo en 2026 se registraron al menos 47 incendios en escuelas, una cifra que ilustra la dimensión del fenómeno. En 2024, un incendio en un internado masculino del centro del país causó 21 muertes y llevó al cierre de más de 300 centros por orden ministerial.

La decisión de la Fiscalía de imputar a las menores por asesinato —y no solo por incendio provocado— sitúa el caso en un terreno jurídico y político de alta sensibilidad. Desde la óptica de las autoridades judiciales kenianas, se busca enviar un mensaje inequívoco de responsabilidad penal individual en un contexto de creciente alarma social. Organizaciones de derechos de la infancia con presencia en la región, sin embargo, han advertido en ocasiones anteriores sobre la necesidad de equilibrar la rendición de cuentas con enfoques restaurativos cuando los acusados son menores de edad. El proceso judicial, que se espera comience con la comparecencia de las sospechosas ante el tribunal en Nakuru, reavivará el debate nacional sobre la seguridad en los internados, la disciplina escolar y las causas profundas de la violencia en el sistema educativo keniano, cuyo episodio más letal sigue siendo el incendio de 2001 en el condado de Machakos, donde fallecieron 67 estudiantes.