El Tribunal del Distrito de Presnenski de Moscú condenó en ausencia a Irina Rapoport, ex alta directiva de la corporación estatal Rusnano, a 15 años de reclusión en colonia de régimen general por malversación y soborno comercial. La sentencia, dictada el 15 de mayo de 2026, incluye una multa de 300 millones de rublos, el decomiso de bienes por 85 millones de rublos y la satisfacción íntegra de la demanda civil de Rusnano por 1.676 millones de rublos. Junto a Rapoport fueron procesados el exvicepresidente del directorio Oleg Kiseliov, el directivo de una filial Oleg Diachenko y el expresidente del banco Peresvet Alexandr Shvets. Según la acusación, entre 2012 y 2015 los imputados drenaron fondos de la corporación mediante empresas controladas, contratos de préstamo y garantía con el Peresvet y acuerdos ficticios que permitieron la apropiación de los recursos.

La defensa de Rapoport sostiene que la condena se apoya en el falso testimonio de Diachenko, quien pactó con la fiscalía y en febrero de 2025 recibió una pena de tres años de prisión. Desde el exterior, el exdirector general de Rusnano Anatoli Chubáis calificó en mayo de 2026 las acciones penales contra los antiguos gestores como “represiones” y “burla de la ley”. Chubáis abandonó Rusia en marzo de 2022, tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, y el Kremlin ha señalado la existencia de un “enorme agujero financiero” en la estructura que él dirigió entre 2008 y 2020. La corporación ha interpuesto múltiples demandas contra Chubáis y otros exejecutivos: en abril de 2026 un tribunal arbitral de Moscú acogió parcialmente un reclamo por 5.600 millones de rublos vinculado al proyecto de tabletas flexibles Plastic Logic, y en diciembre de 2025 se ordenó el embargo de bienes de los exdirectivos por otros 11.900 millones de rublos relacionados con el proyecto Crocus de memorias MRAM.

Analistas en Moscú observan que la ofensiva judicial contra la antigua cúpula de Rusnano se inscribe en un patrón más amplio de causas por malversación en entidades estatales y paraestatales. Casos como el del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, condenado por desvío de 3.900 millones de rublos del banco Interkommerts, o el del empresario Oleg Mitvol por el desfalco en el proyecto del metro de Krasnoyarsk, comparten mecanismos de triangulación con firmas opacas y condenas en ausencia cuando los acusados se encuentran fuera del país. El presidente del Comité de Instrucción, Alexandr Bastrikin, propuso a comienzos de 2025 incorporar la malversación al listado de delitos que habilitan el decomiso de bienes, iniciativa que, según fuentes parlamentarias, podría agilizar la recuperación de activos en este tipo de procesos.

Las dificultades financieras de Rusnano se hicieron públicas en otoño de 2021, cuando la Bolsa de Moscú suspendió la negociación de sus bonos ante la incertidumbre sobre sus obligaciones. Un año después, el Gobierno ruso debatió la disolución de la corporación para eliminar el respaldo presupuestario. En octubre de 2022 se abrió una causa penal por el presunto robo de 50 millones de dólares de la entidad, aunque el nombre de Chubáis no figuró en aquellos expedientes. Actualmente, los tribunales arbitrales continúan tramitando las demandas de Rusnano contra sus antiguos responsables, y se espera que en los próximos meses se dicten nuevas medidas cautelares sobre bienes situados tanto en Rusia como en jurisdicciones extranjeras.