El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el 29 de junio la regla definitiva del Sistema de Transparencia de Matrículas y Responsabilidad de Ingresos (STATS), que a partir de 2027 condicionará la elegibilidad de las instituciones para el programa federal de Préstamos Directos a que sus egresados superen umbrales salariales mínimos. En paralelo, el Gobierno australiano introdujo en el Parlamento un proyecto de ley que impone límites máximos a la matrícula de estudiantes nacionales y crea una comisión terciaria para negociar cupos y supervisar el desempeño, con sanciones económicas por exceso de inscripciones. Ambas administraciones justifican las medidas como mecanismos para contener el endeudamiento estudiantil y orientar la oferta educativa hacia las necesidades del mercado laboral.

Desde Washington, el Departamento de Educación sostiene que los programas de grado deberán demostrar que sus titulados ganan más que un trabajador con diploma de secundaria, y los de posgrado más que un graduado universitario típico; el incumplimiento reiterado puede acarrear la pérdida de acceso a becas Pell y a todos los beneficios del Título IV. La oposición republicana en el Congreso respalda la iniciativa como parte de la reforma fiscal aprobada en 2025, mientras que una coalición de ocho organizaciones profesionales —entre ellas asociaciones de enfermería, fisioterapia y patología del habla— obtuvo un bloqueo judicial parcial de una norma complementaria que limitaba los topes de préstamo para esos estudios. Un tribunal federal en Washington consideró “desacertada” la exclusión de esas carreras de la categoría de programas profesionales, lo que obligó al Departamento a restablecer temporalmente límites más altos para veintinueve especialidades, aunque a la vez retiró esa clasificación a teología y psicología aplicada, generando críticas de instituciones religiosas.

En Australia, la propuesta legislativa busca frenar la competencia que el ministro de Educación, Jason Clare, describió como “estilo Juegos del Hambre” entre universidades, y redirigir estudiantes hacia campus regionales y de la periferia urbana. El Grupo de las Ocho, que reúne a las instituciones más prestigiosas, advierte que los topes restringen la libertad de elección de los alumnos, mientras que la oposición liberal califica el modelo de “planificación centralizada”. Por el contrario, rectores de universidades suburbanas como la de Canberra consideran que el sistema actual es insostenible y que una distribución más coordinada facilitará la formación de profesionales en las comunidades donde se necesitan. La reforma incluye además un cambio en la fórmula de financiación que el Gobierno equipara al modelo Gonski de equidad escolar.

El combate al antisemitismo emerge como un segundo eje de condicionalidad en ambos países. En Australia, a partir del 15 de julio las universidades deberán demostrar acciones concretas para prevenir y responder a esa forma de discriminación si quieren mantener la acreditación que da acceso a fondos públicos, según anunció Clare al recibir el informe intermedio de un grupo de trabajo creado tras el atentado de Bondi. La iniciativa incluye un centro de cohesión social con recursos pedagógicos y una revisión del currículo nacional. La portavoz de Educación de los Verdes, Mehreen Faruqi, objetó que el programa dedica veinticuatro recursos al antisemitismo y solo dos a la islamofobia, lo que, a su juicio, crea una “jerarquía del racismo”. En Estados Unidos, la ex enviada especial para el antisemitismo durante la administración Obama, Ira Forman, expresó su preocupación por el intento del actual enviado de fusionar su oficina con la de Asuntos del Holocausto, al considerar que diluye la especificidad diplomática de cada función y reduce la lucha contra el odio antijudío a un enfoque limitado a las críticas a Israel.

El panorama normativo queda abierto a la litigiosidad y a la negociación política. La regla estadounidense de responsabilidad salarial se publicará el 1 de julio y el primer año de rendición de cuentas será 2027, mientras el Departamento de Educación mantiene su intención de defender en los tribunales la definición original de programas profesionales. En Australia, el proyecto de ley inicia su trámite parlamentario sin fecha cierta de votación, y el grupo de trabajo sobre antisemitismo entregará su informe final en diciembre. La confluencia de estas reformas dibuja un momento de redefinición del contrato entre el Estado y las universidades en ambas orillas del Pacífico, con los derechos civiles y la autonomía académica como telón de fondo.